Medio año de prisión por cada niño muerto en la ABC, en eso se traducen las condenas: padre

México.- Las condenas de entre 20 y 29 años por el incendio que acabó con la vida de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, son “parciales” y no llegan a todos los responsables, dijo hoy a Efe el padre de una de las víctimas.

José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, niño fallecido en el incendio el 5 de junio de 2009, hace cálculos: Si los años de las penas se dividen entre los infantes que murieron ese día -a los que se añaden 70 heridos-, cada homicidio se paga con, aproximadamente, medio año de cárcel.

“Es una sentencia de justicia parcial, tanto de la duración de años de sentencia, de las penas, como en la no ampliación a los demás responsables”, asegura García en una entrevista con Efe en la Ciudad de México.

El día del incidente, en Hermosillo se originó un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal que se propagó a un edificio adjunto donde operaba la guardería ABC, subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sábado pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre las condenas, que recaen sobre la entonces jefa del departamento de Guarderías del IMSS, el delegado estatal en Sonora de la institución, el secretario del consejo de administración del ABC y el director de Bomberos de Hermosillo.

En total, 19 de las 22 personas involucradas en la tragedia fueron condenadas, y solo quedaron absueltas las tres supervisoras de zonas de guarderías del IMSS.

Los padres conocieron esta sentencia, que apelarán, a través de la prensa, y hasta el lunes no recibieron la notificación oficial en el juzgado federal.

Las responsabilidades, señala García, no llegan a “funcionarios federales ni de medio ni de alto nivel”, los cuales ni siquiera fueron presentados ante un juez como posibles responsables.

“Dos de los dueños (de la guardería), desde antes de que se dictara esta sentencia, tuvieron el equivalente a una sentencia absolutoria, con el tecnicismo legal, que es el sobreseimiento”, relata.

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, dijo el pasado martes que los penalmente responsables por el incendio enfrentarán las consecuencias que marca la ley, “sin excepción alguna”, tras una reunión con algunos de los padres de las víctimas.

Sin embargo, este encuentro fue selectivo, señala el padre de Andrés Alonso, quien reconoce no saber cuántos de los familiares participaron en la reunión.

Ante la perspectiva de que se vuelva a hacer un nuevo peritaje en el lugar del siniestro, de lo que se han enterado a través de la prensa y que algunos familiares apoyan, García valora esta posibilidad como “una tomada de pelo, algo mediático” que, además, implica “hacer mal uso del erario”.

“Incluso el año pasado, a seis años (de la tragedia) se hizo un peritaje en relación al fuego y los orígenes, cuando ha sido muy alterada la escena de los hechos”, asevera.

Con independencia del origen del fuego, si la guardería “hubiese cumplido con las medidas de protección adecuadas, y de igual forma la bodega de Hacienda (…), no estaríamos hablando de una tragedia de esta magnitud, quizá ningún niño o niña hubiese fallecido”, añade García.

El padre reconoce que llegar a “una justicia plena” será complicado, pero en lo que sí confía es en el trabajo que los familiares realizan “día a día”, ya que han visto que la justicia mexicana “ni es pronta, ni expedita, ni imparcial”.

Desde la clase política, opina, han intentado sacar provecho a la tragedia, como ocurre con algunos integrantes de las comisiones creadas (hasta el momento, tres) para apoyar la investigación del caso, “cuando finalmente, no han hecho nada”.

Un integrante de la primera “aspiró a una delegación en la Ciudad de México, usando como empoderamiento la tragedia de nuestros hijos”, abunda García, quien aprovecha estos días su visita a la capital para acompañar a su esposa, Patricia Duarte, al médico, ya que sufre problemas de salud desde la pérdida de su hijo.