México dejará de pagar a expertos de CIDH y les cerrará el expediente

La negativa de México a renovar el mandato de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana que investiga la desaparición de 43 estudiantes implica dejar de pagar su trabajo y que ya no tendrán acceso directo al expediente, dijo un alto funcionario.

"Y esto es un asunto estrictamente legal: una vez que concluye la tarea, pues en ese momento tienen acceso a la investigación sólo a los que la ley se los permite", dijo a Radio Fórmula el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

No obstante, indicó que el Gobierno mexicano mantendrá informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el desarrollo de las investigaciones. Hasta ahora los expertos podían consultar el expediente en su calidad de coadyuvantes.

Aunque la CIDH ha afirmado que le corresponderá a ella decidir si los cinco miembros del grupo continúan en México después del 30 de abril, México ha señalado que, una vez vencido este segundo mandato se seis mes, no habrá una renovación.

El presidente Enrique Peña Nieto, desde Copenhague, y Campa ratificaron que es una decisión definitiva. El mandatario se refirió al tema en una conferencia de prensa con el primer ministro danés, Lars Kokke Rasmussen, al término de una visita a Dinamarca.

Cumplido el plazo, "es de esperarse el informe final que rinda este grupo de expertos y que coadyuve a la investigación exhaustiva que ha realizado la Procuraduría General de la República", dijo Peña Nieto.

El presidente indicó que la misión inicial de seis meses de los expertos ya fue prorrogada por seis, más tiempo que los cuatro meses que habían pedido ellos para concluir sus trabajos.

El grupo fue instituido el año pasado mediante un acuerdo entre la CIDH, los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos y el Estado mexicano, que es el que aporta los recursos. Los expertos harán público su informe final el 24 de abril.

Campa dijo que para el Gobierno mexicano el asunto está cerrado y que la futura colaboración será con la CIDH en el marco de su labor regular y de las medidas cautelares que dictó en este caso.

Entre el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la fiscalía general ha habido diferencias y tensiones sobre el manejo del caso de los estudiantes, desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Los expertos rechazan la hipótesis de que fueron incinerados en un basurero y cuestionan que no se les haya permitido interrogar a militares que presenciaron la detención, además de que han vinculado al Gobierno con una supuesta "campaña de desprestigio" en su contra.

Los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa para formación de maestros desaparecieron en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de ser detenidos por policías y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, según las investigaciones.