No solo es Rosario, Del Mazo, Ruiz Esparza y Lozoya siguen sin denuncias pese a irregularidades

Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

Pese a que las dependencias que estuvieron a su cargo firmaron más de 40 convenios con universidades públicas, a través de los cuales presuntamente se desviaron millones de pesos de recursos públicos como parte de la denominada Estafa Maestra, las gestiones de Emilio Lozoya en Pemex, Alfredo del Mazo en Banobras, Emilio Chuayfett en la SEP, y Gerardo Ruiz Esparza en SCT, no acumulan ni una sola acusación penal en su contra.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó ayer que ha presentado ante la PGR 30 denuncias penales por el presunto desvío de casi 5 mil millones de pesos, como parte del seguimiento a La Estafa Maestra. Pero ninguna de ellas está relacionada con las dependencias federales mencionadas.

En cambio más del 75 % de las denuncias penales, y el 100 % de los procesos administrativos para recuperar recursos que se han transparentado, se han promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la gestión de Rosario Robles.

En septiembre de 2017 Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje “La Estafa Maestra: Graduados en Desaparecer Dinero Público” en el que se documentó, a partir de las auditorías de la propia ASF, que al menos once dependencias federales habían empleado el mismo mecanismo para el presunto desvío de recursos públicos.

Dicho mecanismo consistía en aprovechar una cláusula del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para entregar dinero a universidades y entes públicos mediante convenios sin licitaciones. En la mayoría de los casos dicho dinero era transferido ilegalmente a otras empresas, varias de ellas fantasma, que simulaban realizar los servicios asignados.

De todas las dependencias involucradas y presentadas en el reportaje, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la que firmó la mayor cantidad de convenios con las universidades, con 36 en total, esto bajo la dirección de Emilio Lozoya.

Pero hasta ahora la ASF no ha presentado ninguna denuncia penal ante la PGR por esta situación, ni se han hecho públicos procesos administrativos contra funcionarios de dicha empresa, que pudieran estar involucrados.

Tampoco se han promovido denuncias penales en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en la gestión de Gerardo Ruiz Esparza ha firmado cuatro convenios; ni en contra de Banobras que en la gestión de Alfredo del Mazo (hoy gobernador del Estado de México) firmó tres convenios, ni en contra de la SEP que con Emilio Chuayfett al frente firmó tres convenios con instituciones públicas.

Otras dependencias involucradas en las presuntas irregularidades que tampoco han recibido denuncias por estos casos en específico son Senasica, el Registro Nacional Agrario, y la Secretaría de Economía.

Animal Político solicitó a la ASF conocer el motivo por el cual no se han presentado denuncias penales en contra de otras dependencias por los convenios firmados con universidades, que las propias auditorías han advertido ya como irregulares. Hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta oficial.

¿A quién sí se ha denunciado?

De las 30 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), 23 de ellas se centran en los convenios firmados exclusivamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la gestión de Robles, de 2013 a 2015, y en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015 y 2016, también con Robles al frente. Esto equivale al 76 % de las denuncias presentadas. A ello se suman tres denuncias más presentadas contra Sagarpa en la gestión de José Calzada Rovisorsa.

En el documento entregado en mayo pasado al Congreso, el titular de la ASF, David Colmenares, reconoció que se habían enfocado en los casos registrados a partir de 2013, y que involucran a las referidas dependencias, por un tema de interés público.

“El interés de diversos actores se ha centrado en las contrataciones realizadas por tres entidades: (1) SEDESOL, (2) SEDATU y (3) SAGARPA. Por ello, la ASF desea mostrar total apertura respecto al seguimiento de las acciones que se derivaron de la fiscalización practicada en las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016”, dice el informe.

Una revisión hecha por Animal Político al documento que la ASF publica en su sitio oficial, con el historial de denuncias penales, permite advertir que las denuncias restantes que no se han detallado en los mensajes corresponden a casos contra el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contra Fovissste y contra Superissste.

En el año 2012 se identificaron también cuatro denuncias penales contra Conaculta, por el mismo mecanismo. Es todo por ahora.

De acuerdo con lo señalado por la propia ASF en las auditorías practicadas a dichas dependencias, el abuso del mecanismo planteado por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite asignar recursos directamente a universidades y entes públicos, es una práctica que se generalizó en la administración pública federal derivando en un posible fraude millonario al erario público.

Reclamo de dinero solo en Sedesol

Por el mismo tema de La Estafa Maestra, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmanares, ha reportado hasta ahora el inicio de 34 procedimientos administrativos promovidos por la propia ASF en contra de personas físicas que deben devolver un total de 2 mil 400 millones de pesos.

De esos procedimientos se han detallado públicamente 18, y todos están centrado en los convenios que la Secretaría de Desarrollo Social firmó en la gestión de Rosario Robles. Autoridades federales indicaron que los otros procedimientos que no se han detallado también están centrados en su mayoría en esta dependencia.

“Como parte de estos procedimientos se ha citado a comparecer a servidores públicos de las dependencias y entidades contratantes, funcionarios de las universidades, así como a los proveedores que, en su caso, fueron subcontratados”, indica el informe que la ASF presentó ayer ante el Congreso.

A diferencia de las denuncias penales que se presentan ante PGR por estos casos, y en donde solo se denuncia el hecho, en los procedimientos administrativos la ASF sí procede directamente contra las personas físicas que concluye que están involucradas directamente en el manejo irregular de los recursos, y en su caso les reclama su devolución.

Los casos transparentados por la Auditoría son los relacionados con los convenios que Sedesol firmó en 2013 y 2014 con los siguientes planteles: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de Texcoco, y con la Universidad Tecnológica del Sur del estado de México.