Organizaciones civiles denuncian ‘trato preferencial’ para el general Rafael Hernández Nieto implicado en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México- El general “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, acusaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, se lee en el pronunciamiento conjunto.

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Así mismo, las organizaciones achacaron esta medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.

El general está detenido imputado presuntamente de delincuencia organizada desde del mes pasado, debido a que está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, en donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Precisaron que las asociaciones que el nombre de Hernández Nieto “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”, y agregaron que “no es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”.

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Esta situación sucede en momentos en que aumenta la polémica después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, decidiera abandonar México en julio pasado al acusar de obstrucción a las Fuerzas Armadas durante la realización de la investigación.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, ha rechazo que proteja al Ejército, indicando que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales, así como a Jesús Murillo Karam ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

No obstante, las tres ONG reiteraron que el trato dado al general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

Por último, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron implicadas autoridades de todos los niveles, así como miembros de las Fuerzas Armadas.

Con información de la Agencia EFE.