Prisiones estatales, desbordadas, mientras en penales federales hay 10 mil lugares disponibles

Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

El sistema carcelario en México tiene hoy dos realidades. Por un lado hay más de 100 penales estatales y municipales desbordados por una sobrepoblación de reos locales y federales. Por otro existen 17 penales federales – entre ellos ocho nuevos por los cuales el país debe 200 mil millones de pesos – en los que hay casi 10 mil lugares desocupados.

Un informe oficial sobre población penitenciaria –que se puede encontrar en la sección de transparencia focalizada de la página de la Comisión Nacional de Seguridad– evidencia los contrastes: 75% de cárceles locales sobrepobladas tienen reos federales, mientras que ni uno solo de los penales federales está ocupado al 100%.

Por lo que se refiere al nivel local existen 362 cárceles en el país de las cuales, 278 están bajo administración estatal y  71 bajo control municipal. De todos esos penales hay 157 que tienen problemas de sobrepoblación, que equivalen  a más del 43% de los que existen.

Los datos revelan que de las cárceles con sobrepoblación hay 38 que sólo tienen internos que cometieron delitos locales y que, en teoría, son únicamente a los que deberían albergar pues ninguno cumple requisitos de seguridad para albergar reos federales.

Sin embargo, los otros 119 penales locales con sobrepoblación tienen tanto reos locales como federales. Esto significa que 3 de cada 4 cárceles con hacinamiento albergan a reos federales que no deberían estar ahí.

¿Cuántos reos federales hay recluidos en los penales locales? De acuerdo con los datos oficiales hay casi 23 mil 500 internos federales que se suman a los poco más de 185 mil reos locales.

Si se toma en cuenta que la sobrepoblación en los penales estatales asciende a 24 mil reos –según la misma estadística –quiere decir que si los reos federales no estuvieran en las cárceles locales el índice de hacinamiento se reduciría prácticamente a cero.

La otra cara de la moneda son los centros penitenciarios federales. De acuerdo con los datos oficiales existen 17 Centros Federales de Prevención y Readaptación Social con capacidad para albergar a casi 34 mil internos pero en realidad, solo hay  24 mil 180 espacios ocupados, mientras que cerca de diez mil se encuentran vacíos.

Los números evidencian que ninguno de los centros penitenciarios federales está ocupados a su máxima capacidad y algunos prácticamente están a la mitad. Por ejemplo, el CEFERESO de Morelos tiene el 47 por ciento de sus espacios desocupados, el CEFERESO número 6 Sureste tiene el 42 por ciento de sus espacios libres.

El caso más extremo es el del centro penitenciario federal en las Islas Marías en donde apenas están ocupados el 20 por ciento de los espacios. Solo ahí hay 4 mil 397 espacios disponibles.

Bombas de tiempo

Los penales con sobre población en los que además hay internos federales han sido escenario de múltiples incidentes a lo largo de los últimos años.

Por citar los casos más recientes, apenas el pasado 16 de marzo se fugaron del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán Sinaloa un grupo de internos encabezados por Juan José Esparragosa Moreno alias “El Negro” hijo de uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los datos oficiales este penal tiene espacio para 2 mil 700 reos sin embargo albergaba a cerca de dos mil 750 y aunque no cuenta con las capacidades de seguridad necesarias para tener a reos federales, casi el 20 por ciento de todos sus reos son precisamente internos federales muchos de ellos ligados al crimen organizado.

Aun peor es el caso del penal estatal de Ciudad Victoria Tamaulipas conocido como “CEDES Victoria” donde tan solo en la última semana ocurrieron dos incidentes graves: la fuga el pasado 23 de marzo de 29 reos a través de un túnel  y el incendio provocado por otro grupo de internos el 26 de marzo que dejó tres muertos y un herido.

Dicho penal está diseñado para albergar como máximo a mil internos pero hasta el cierre del año pasado habían mil 207, es decir, una sobrepoblación superior al 20 por ciento en el penal. En este centro penitenciario uno de cada cuatro reos, es decir el 25 por ciento, son internos federales que tampoco deberían estar en dicha instalación.

La estadística oficial revela que hay 17 estados cuya suma de todos sus reos supera los espacios que tienen disponibles en sus reclusorios. Esto además de las entidades que tienen sobrepoblación en uno o dos penales en particular.

El caso más grave es el del estado de México el cual tiene más de 16 mil 300 reos en condiciones de hacinamiento. Su porcentaje de sobrepoblación supera el 160 por ciento.

En cuanto al número de internos que están en sobrepoblación la segunda cantidad más alta la acumula la Ciudad de México con un total de nueve mil 765 internos, que representan un rebase de más del 40 por ciento de la capacidad instalada. El problema más grave está en el Reclusorio Oriente en donde solo hay espacio para cinco mil 300 reos pero hay más del doble.

Respecto a la proporción de hacinamiento, el lugar más alto luego del estado de México lo ocupa Nayarit donde hay 19 penales que tienen un total de mil 392 espacios. La realidad es que el estado concentra tres mil 119 internos que representa una sobrepoblación del 124 por ciento.

Deuda millonaria… ¿e inútil?

Entre 2010 y 2016 el gobierno federal ha inaugurado ocho nuevos penales federales, varios de ellos con retrasos en su construcción. Para la puesta en marcha de estos complejos se requirió una inversión superior a los 200 mil millones de pesos.

Animal Político publicó el pasado 28 de febrero un análisis de la Auditoría Superior de la Federación que reveló que este dinero en realidad no se pagó sino que se comprometió cubrir en pagos mensuales hasta más allá del año 2030. De acuerdo con los auditores se trata de un endeudamiento que terminó disfrazándose.

Con la construcción de estos penales la capacidad para albergar reos en los penales federales de mediana y alta seguridad creció hasta casi 34 mil espacios de los cuales, por lo menos hasta el año pasado, estaban desocupados más de 9 mil 700.

En contraste con este endeudamiento el presupuesto que se asigna al sistema penitenciario del país en los últimos dos años ha presentado reducciones sostenidas. Pasó de 19 mil 374 millones en 2015, a 18 mil 308 millones en 2016 y 16 mil 615 millones de pesos en 2017.

Lo anterior significa una reducción de casi 13 mil millones de pesos que equivale a un recorte de 18.7 por ciento en los últimos dos años.

Se pasan la bolita

La crisis de seguridad y operación en los penales del país detonada por los incidentes registrados en las últimas semanas ha provocado que las autoridades, tanto del nivel estatal como del federal, intercambien señalamientos y acusaciones sobretodo en lo relacionado con los internos del orden federal.

Por ejemplo, el vocero del Grupo de Coordinación Nuevo León Aldo Fasci, dijo en una entrevista en el programa Atando Cabos que si bien los gobiernos estatales tienen una responsabilidad en la operación de los penales, el “problema de fondo” es que no existe la infraestructura ni capacidades para resguardar en ellos a reos de alta peligrosidad del fuero federal.

“Renato Sales (coordinador nacional de seguridad) nos dice que asumamos nuestra responsabilidad pero ellos la deben asumir también, deben meterle dinero a los penales porque no hay condiciones de seguridad (…) nosotros tenemos a reos federales acusados de delincuencia organizada, a secuestradores y homicidas que la federación no se los quiere llevar, entonces que ellos les metan recursos” dijo.

Fasci dijo los incidentes en los penales estatales son cíclicos y se repiten porque no existe infraestructura local para albergar reos federales ni de alta peligrosidad. “Es un problema del 90 por ciento de los penales del país y va a seguir ocurriendo pero la federación se hace loca y no invierte” dijo.

En respuesta el comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales acusó que son los estados los que teniendo recursos para sus penales no los ejercen, y aseguró que los gobernadores solo se acuerdan de las cárceles cuando hay muertos o fugas. Puso como ejemplo el caso de Nuevo León que supuestamente subejerció casi 35 millones de pesos que debió invertir en sus cárceles.

“Es un tema que no les interesa porque no es rentable políticamente. El fondo de portaciones para la Seguridad Pública de los estados es de 7 mil millones de pesos y de eso lo único que toman para invertir es las cárceles es menos del diez por ciento” dijo.

Sobre la presencia de reos federales en las cárceles locales Sales dijo que no es culpa de la federación el que existan reos federales en las cárceles estatales sino que son decisiones que toman los jueces.

“Esto es una cuestión de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal y que vincula a los jueces a decidir en el tema de los traslados. Si solo fuera cosa de nosotros trasladábamos de inmediato a todos los reos a penales federales pero no podemos. No es una cuestión ni ministerial sino del poder judicial y muchas veces los jueces lo niegan” dijo Sales.