Sin justificación estados duplican gasto en elecciones, son cientos de millones más
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¿Qué explica que entre elección para gobernador y otra un instituto electoral estatal aumente su gasto hasta 900%? Los órganos locales argumentan que el costo de organizar comicios cambia por el número de electores o de candidatos, pero las cifras no cuadran
El gasto electoral en los estados está fuera de control: los institutos a cargo de organizar las elecciones para gobernador duplicaron su gasto entre un proceso electoral y otro, sin justificación.
Sólo el gasto en materiales y documentación electoral a nivel nacional pasó de 549 millones a 970 millones de pesos entre comicios, a pesar de que el número de electores creció sólo un 10 por ciento.
Aguascalientes es el peor de los casos. Entre la elección para gobernador de 2010 y la de 2016 el gasto aumentó 922%: en la primera se gastó 1.7 millones de pesos en materiales electorales y en la de este año 22.2 millones. No hay explicación para este incremento.
Pero no sólo Aguascalientes registró un aumento desproporcionado. En realidad, sólo seis entidades redujeron su gasto, tuvieron un aumento justificado o lo mantuvieron igual al anterior.
En otros, el gasto aumentó: en Michoacán creció 305%; en Sinaloa, 238%; en Sonora, 221%; y en Baja California Sur, 165%. Lo mismo sucedió en Tamaulipas, donde creció 138%; Nuevo León, 134%; Durango, 130%; Querétaro, 122%; y Zacatecas, 86%.
Lo cierto es que una de las promesas de la reforma político electoral de 2014, cuando se dijo que las elecciones serían más baratas, se quedó en buen deseo. El costo de los comicios aumentó.
Animal Político solicitó información a cada estado sobre el dinero público que se utilizó para comprar materiales —mamparas o urnas— y documentación electoral —boletas y actas— en las dos últimas elecciones para elegir gobernador.
De las 32 entidades, en 17 las dos elecciones fueron exactamente iguales: el mismo número de cargos a elegir y de casillas instaladas. Hubo, efectivamente, un aumento en el número de electores, pero sólo del 10%. A pesar de ello, los costos se elevaron drásticamente.
Cuestionados sobre este tema, los consejos de los institutos electorales estatales culpan al Instituto Nacional Electoral de este aumento en el gasto.
La reforma política es “la gran culpable”
El incremento en el dinero público que se gastó entre ambas elecciones es de 30% en promedio. Ya un crecimiento en el gasto superior al 20%, de acuerdo con el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, “está definitivamente por encima del comportamiento general de los precios de una elección a otra”.
En el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes tienen otra versión. En el estado que más aumentó su gasto de una elección a gobernador a otra confirman que hubo “gastos adicionales” entre 2010 y 2016. Pero señalan que se debió a que se vieron obligados a cumplir con los requisitos que impuso la reforma política de 2014.
Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero electoral en el estado, dijo en entrevista que la reforma introdujo “nuevas figuras que intensificaron la actividad electoral” y aumentaron el costo como: el voto en el extranjero, por candidatos independientes o garantizar el de personas con discapacidad.
Explicó que por estos nuevos requisitos impuestos por el INE, por primera vez se imprimió papelería para el voto en el extranjero, se hicieron materiales especiales para las candidaturas independientes y se contó con boletas braille: “El INE nos obliga a comprar materiales que normalmente no comprábamos”.
Otros estados en los que también aumentó el gasto en la última elección en comparación con la que se realizó antes de la reforma política, coinciden con esta postura.
Veracruz y Puebla, por ejemplo, en la elección de 2010 tuvieron una elección más grande —con más candidatos y cargos a votación— que la de 2016. Pese a eso los comicios de este año resultaron más caros en 42.8 y 12.3 millones, respectivamente.
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Instituto Electoral de Veracruz, afirmó en entrevista que el gasto en el estado aumentó por los requisitos de la reforma política: “En 2016 operamos por primera vez con mecanismos mucho más complejos que solicita el INE”.
Entre ellos, mencionó, contar con documentación electoral con candados y medidas de seguridad, la apertura de oficinas distritales para operar durante la jornada electoral o tener un Programa de Resultados Electorales Preliminares.
En ese sentido, a decir del especialista en temas electorales Eduardo Huchim, dicha reforma sí implicó un aumento en el gasto para la organización de elecciones que está siendo usado por los institutos electorales como pretexto para el dispendio.
Esta reforma convirtió al Instituto Federal Electoral (IFE) en el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y le dio más atribuciones y mayor presupuesto para poder ser árbitro, vigilante y organizador de los comicios nacionales. Pero también creó a los Organismos Públicos Locales (OPLES): institutos con autonomía y patrimonio propio obligados a implementar las reglas que impone el INE.
Huchim es enfático en decir que ahora “el INE le cuesta más a los ciudadanos, pero también los OPLES que, con pretexto de seguir al INE y sin una vigilancia sobre cómo ejercen los recursos públicos, sólo gastan más”.
De 2014 a 2015, los recursos asignados al INE aumentaron 52%.
La opacidad… un problema más
En los institutos estatales electorales, además de un aumento injustificado del gasto, hay opacidad.
Aunque los organismos están obligados por ley a publicar información sobre cómo ejercen los recursos para la organización de los comicios locales, seis entidades federativas esconden los datos que deberían transparentar.
Hidalgo no respondió a las solicitudes de información hechas por Animal Político, e incluso no respetó el plazo que marca la ley de Transparencia para entregar los datos.
Coahuila, Tlaxcala, Nayarit y Tabasco entregaron información a medias y argumentaron que en sus archivos sólo conservan datos de la última elección y la información previa es inexistente.
Finalmente, Morelos entregó archivos ilegibles y aunque se solicitó un reenvío de información con formatos accesibles, no hubo respuesta.
Al respecto Ciro Murayama, consejero del INE, señaló: “Los OPLES tienen todas las obligaciones de transparencia. Cada contrato que hacen debe ser público; cada peso gastado, debe ser público. En materia de financiamiento no hay ningún derecho a la privacidad de los OPLES. Están siendo opacos y están violando la Constitución. No hay justificación para guardar ningún dato vinculado al gasto para organizar una elección”.
