Subsecretario de SCT ganó millonario contrato antes de elección presidencial de 2018
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Sólo una semana antes de la elección de AMLO el grupo del ahora subsecretario de Infraestructura de la SCT fue incluido en un fideicomiso de más de 3 mil millones de pesos
Una semana antes de la elección presidencial del 2018, el hoy subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cédric Iván Escalante Sauri, recibió un contrato de 3 mil 177 millones de pesos, como parte de un conglomerado constructor.
Con las encuestas y la tendencia irreversible que marcaban el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador una semana antes de la elección del 1 de julio, el ahora subsecretario de Infraestructura de la SCT ganó un contrato en conjunto con otras empresas, según documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banobras.
Cédric Escalante fue nombrado el 7 de agosto de ese mismo año como subsecretario de Infraestructura por el entonces propuesto a la titularidad de la SCT, Javier Jiménez Espriú.
La ratificación para Escalante Sauri vino en pleno proceso de transición y apenas 27 días después de firmar el contrato con Banobras, el 11 de julio de 2018, y por el que recibió como anticipó al menos 13 millones de pesos, de acuerdo a las cláusulas del contrato.
La asignación fue por la prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado, consistentes en los servicios de gerencia de proyectos para la construcción de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Barranca Larga – Ventanilla en el estado de Oaxaca.
El contrato de la compañía del actual subsecretario de Infraestructura de la dependencia federal fue de 89 millones 510 mil 155.10 pesos, que la empresa Consultores y Constructores Escalante S.A. de C.V., se adjudicó el 22 de junio del 2018.
La empresa de Escalante fue presentada con la escritura pública número 73,481, con fecha de constitución del 19 de febrero del año 2007 en la notaría pública número 62, bajo la fe de Humberto Román Talavera, de la Ciudad de México e inscrita en el Registro Público del Comercio (RPC) con el número de inscripción es el 362542del 26 de abril de ese año.
Las otras empresas involucradas en esta megaobra es Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A de C.V, cuyo representante legal es Raymundo Bautista Bañuelos, que se identificó con la escritura pública 141,223 de fecha del 22 de enero de 2007, en la notaría pública 42 del titular Salvador Godínez Viera. Ella se inscribió en el RPC bajo el número 358818 del 1 de febrero del 2007.
Grupo Industrial Caso S.A P.I de C.V. fue representada en ese acto por Ricardo Gutiérrez Zavala, quien presentó la escritura pública 1,287, con fecha de 26 de mayo de 1988 y que se constituyó en la Notaría Pública Número 10 de Silvestre G. Guzmán Morales de Monterrey, Nuevo León. Su registro público es el 950 folio 169, Volumen 306, Libro 3 Segundo Auxiliar, del 29 de junio de 1988.
La obra forma parte del Fideicomiso Número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo representante en la licitación fue Luis Humberto Ibarrola Díaz, director de operación técnica y seguimiento de Banobras, además de Hugo César Hernández Guijarro, gerente de obras de la misma institución.
“Por otra parte Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, S.A de C.V., representada por Raymundo Bañuelos, en su carácter de representante legal, Grupo Industrial Caso, S.A.P.I de C.V, representada por Ricardo Gutiérrez, en su carácter de representante legal , y Constructores Escalante, S.A de C.V., representada por Cédric Iván Escalante, S.A de C.V, representada por Cédric Iván Escalante Sauri, en su carácter de representante legal”, se lee en el contrato número BNO-G0-02-20-2018-LP-GP.
Elude conflicto de intereses subsecretario
La razón social Consultores y Constructores Escalante, S.A. DE C.V. signó el contrato bajo la representación legal de “Cedric Iván Escalante Sauri”, mediante el cual se haría cargo de ejecutar diversos trabajos correspondientes a su ramo, firmado 11 de julio de 2018 en conjunto a otras dos razones sociales.
El contrato, cuyo cumplimiento perdura hasta fechas presentes y del cual se conoce que con respecto a los trámites administrativos actuales que competen a la representación de la empresa, se llevaron a cabo por un segundo representante legal que es “Raymundo Bautista Bañuelos”, quien firma el 22 de enero de 2019 el primer convenio modificatorio del contrato en comento.
Como dato a referencia, en ese mismo documento firma también en representación de “Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, S.A. DE C.V.” lo cual denota una delegación de funciones de alta confianza.
En octubre 25 de 2018, Marilú Escalante Castro, hija de Cédric Escalante, toma protesta en la mesa directiva de AMIVTAC y desde el día 19 de marzo de 2010, cuenta con un poder notarial amplio para la representación de su padre.
El 1 de diciembre de 2018 Cédric Escalante Sauri tomó protesta como subsecretario de Infraestructura de SCT, por lo que en ese momento comenzó la cuenta de 60 días para generar su declaración patrimonial, de la cual se conoce que declaró no tener conflictos de intereses.
Cédric Escalante declaró de manera oficial la participación de 50 por ciento de acciones de la razón social, Consultores y Constructores Escalante S.A de C.V.
Sin embargo, no declaró ante la SHCP los dividendos de las facturaciones que se ejecutan con respecto al contrato, que sigue vigente a la fecha de la publicación de este reportaje.
La carga mediante el instrumento notarial es ahora de su hija Marilú Escalante, quien puede ahora supervisar la ejecución y administración de los contratos en trámite, desde un lugar estratégico con una herramienta legal bien articulada.
Aunque existe una brecha en las lagunas legales de las licitaciones, no por ello se absuelve de manipular el sistema con un mecanismo premeditado y con ventajas, al omitir participación de dividendos, goce de activos fijos y participaciones dentro de una empresa consolidada desde el año 2007, de la cual existe suficiente evidencia de haber ejecutado obras millonarias que deberían ser auditadas.
