Tendrá IP que hacer 3 de 3

CDMX.- El Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas —también conocida como Ley 3 de 3—, en la que se estableció de último minuto la obligación para que toda persona física o moral que reciba recursos públicos o celebre contratos con los tres niveles de Gobierno presente sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. 

Es decir, cualquier particular que ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes de la administración pública federal, de las entidades o de los municipios, deberá presentar las tres declaraciones, además una declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. 

La resolución surgió a propuesta del senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, quien presentó una serie de reservas al dictamen, mismas que fueron avaladas por todos los grupos parlamentarios. 

El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, dijo que la aprobación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos los deja “insatisfechos”, porque las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal no se presentarán bajo el principio de máxima publicidad. 

Empero, sobre la propuesta del senador Cárdenas, Barbosa afirmó que PRI y PAN metieron el tema como “reacción de la clase política contra el sector privado”. 

CÁLCULO POLÍTICO
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, lamentó que “por el cálculo político del PRI-PVEM se haya dado la espalda a la sociedad para ponerse del lado de la opacidad y aprobar una reforma que no garantiza un verdadero seguimiento de los ingresos de los servidores públicos”. 

En cuanto a que la iniciativa privada presente su 3 de 3, Herrera consideró como “bueno” que se les imponga esa obligación, porque el objetivo es llegar a la máxima transparencia de todos aquellos que reciben recursos públicos y rechazó que haya sido un ajuste de cuentas contra el sector. 

El panista Héctor Larios se manifestó en contra de la reforma porque, dijo, no ayuda a combatir la corrupción. “Lo que hay que transparentar son las formas de asignar los contratos, la emisión de los cheques”, señaló. 

Tras una discusión de más de 10 horas, los senadores establecieron que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores sean públicas, salvo en los casos que consideren que ello afecte su vida privada. 

Ello luego de que la oposición perdió una votación —por ocho votos— en la cual solicitaron incluir en el dictamen que las tres declaraciones sean públicas y que los formatos para presentar las mismas sean los que se usan en la plataforma digital 3 de 3. 

Se determinó que el Comité de Participación Ciudadana proponga los formatos para la presentación de las declaraciones y que los rubros que pudieran afectar a los funcionarios queden en resguardo de las autoridades. 

La votación quedó 59 a favor del PRI y Verde contra 51 en contra del PRD, PAN e independientes, es decir, les faltaron nueve de legisladores del PT y PAN que no emitieron su voto.