Tras la compra del Gobierno mexicano de 13 plantas a Iberdrola, expertos ven riesgos

Ciudad de México- Iberdrola anunció el martes un acuerdo para vender infraestructura en territorio mexicano, con un total de 8.534 megavatios (MW), que representa un 20 % de la demanda máxima pronosticada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México de 42.741 MW y el 87 % de sus operaciones en el país.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la compra como “nueva nacionalización”, debido a que las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica de Iberdrola van a ser parte del “patrimonio público” y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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En opinión de Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y uno de los especialistas consultados la Agencia EFE, esta compra está va en el mismo sentido con el objetivo del Gobierno por hacerse del control de los productores independientes de energía (PIE’s).

En este sentido, Ocampo considera que así mismo se abre un debate sobre la operación y regulación del mercado, al formar parte de la CFE la empresa mayoritaria del sector eléctrico mexicano.

Por otra parte, Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE), se cuestionó si las plantas de generación van a continuar con la misma eficiencia. Y a su vez, precisó que las centrales de ciclo combinado más caras del mercado, como las que compró el Gobierno mexicano a través del fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), son las operadas por la CFE.

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Teniendo en cuenta los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hasta marzo pasado cada megavatio hora generado por la CFE costó 1.349 pesos, en tanto que el de los PIE’s fue de 976 pesos.

Para Gabriella Siller, académica del Tec de Monterrey, “está más que demostrado que los gobiernos no son eficientes en la operación de las empresas y esto, además de agregar vulnerabilidad a las finanzas públicas, subirá los costos, y las empresas y personas terminaremos pagando por la mayor ineficiencia”.

Además, opinó que no tiene sentido que el Gobierno mexicano “compre algo que operaba el sector privado, cuando la CFE tiene el monopolio sobre la transmisión de energía y ahí hace mucha falta inversión”.

Otro, de los especialistas que EFE consultó fue Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, que coincide en que “sí hay una posibilidad de que se eleven los costos”. Sin embargo, explicó que también el Gobierno mexicano estará en posibilidad de negociar un mejor precio de venta de la energía con el MIP, debido a que ahora será el operador de estas 13 plantas y además, el número de trabajadores en estas instalaciones no supondría un aumento en su plantilla laboral.

Así también, Monroy piensa que esto no representa la salida de Iberdrola de México, ya que solo es parte de su plan de eliminar su huella de carbono, con la intensión de poder enfocarse más en la infraestructura solar y eólica, en leste es un punto en el que coincidieron todos los analistas consultados.

María Valencia, presidenta del Comité de Validación de Renewable E Index, aseveró que Iberdrola aún va operará en el país cinco centrales de ciclo combinados, seis parques eólicos y tres fotovoltaicos.

“No se van, solo se deshacen de sus activos menos atractivos para invertir en energías renovables, lo que en realidad debería estar haciendo el Gobierno”, indicó Valencia.

En lo que se refiere al fondo para poder adquirir estas 13 centrales, Monroy cuestionó la poca de información en relación con que si el Gobierno va a ser un inversionista directo o solo recibirá dividendos por parte del MIP.

En la página de dicho fondo solo se contemplan activos de bancos privados como Banamex y Actinver, mientras que el Gobierno mexicano precisó que será financiado con el Fondo Nacional de infraestructura (Fonadin) de la Secretaría de Hacienda.

“Finalmente, 6.000 millones de dólares no fue un mal precio para esos activos, que el presidente (López Obrador) se cuelga la medalla y que no es del todo correcto porque, en primer lugar, el Estado mexicano no está adquiriendo esos activos, es con un fondo de gestión con recursos públicos y privados”, explicó Ocampo.

Mientras que, Siller aseguró que esto no da certidumbre en el mercado, ya que supone una serie de dudas sobre un sector cuestionado bajo consultas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la presión del Gobierno de López Obrador a las energéticas privadas, en particular extranjeras.

Con información de la Agencia EFE.