Un comando asesina al juez y a una funcionaria que llevaban el caso Pilar Garrido en Tamaulipas
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Un grupo armado asesinó al juez Abelardo Ibarra, integrante del tribunal en el caso contra el esposo y presunto asesino de la española Pilar Garrido en México, por lo que el juicio se ha aplazado a enero, informaron hoy fuentes oficiales.
El vocero de Seguridad del estado de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, confirmó a Efe la muerte de Ibarra y una integrante de la Fiscalía en el caso, que según medios locales respondería al nombre de Erica Granados.
Rodríguez dijo a Efe que se analizan “todas la circunstancias y entornos, y los asuntos que estaban llevando a cabo, para establecer las líneas de investigación”.
En un boletín, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas informó que fue abierta una carpeta de investigación por el homicidio con arma de fuego de dos personas dentro de un vehículo en las calles de Ciudad Victoria, la capital estatal.
“Se va a dar recompensa a quien dé información que conduzca a la identificación y localización del autor del homicidio de la Ministerio Público y del Juez de Control”, agregó.
Según explicó a Efe Jesús Eduardo Govea, abogado del esposo Jorge Fernández, asesinaron al juez redactor Abelardo Ibarra y a una fiscal del caso.
Descartó “definitivamente” que el crimen tuviera que ver con el juicio contra el marido, un caso muy mediático en México y España.
Explicó que este martes tenían una audiencia programada con la participación por videoconferencia de la madre y la hermana de la valenciana de 34 años, dos testigos claves de la defensa porque siempre han sostenido que el marido es inocente.
Con la audiencia de hoy se llegaba prácticamente al cierre del juicio, pero este se ha suspendido debido a este suceso y no se retomará hasta el 8 de enero, apuntó Govea.
Pilar Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en auto de regreso a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.
A finales de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa cerca del lugar de la desaparición, y quince días después las pruebas de ADN permitieron identificar a la valenciana.
El caso dio un vuelco cuando la Fiscalía estatal detuvo a Fernández el 29 de agosto de 2017, alegando contradicciones en sus declaraciones.