No solo es Rocha Moya, EU va tras funcionarios vinculados al crimen organizado: José Luis Pliego
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El analista y ex secretario de seguridad en Coahuila, José Luis Pliego, indica que el huachicol fiscal y financiamiento ilícito son los otros frentes de la investigación contra la cúpula mexicana
En una acción que eleva la presión política sobre el gobierno de Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición del actual gobernador, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios y exfuncionarios más. Para el analista de seguridad nacional José Luis Pliego, este desenlace era una “historia ya muy anunciada”.
El analista y exsecretario de Seguridad en Coahuila indicó que las acciones judiciales forman parte de la denominada “Lista Marco”, un expediente coordinado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que mantiene bajo investigación a 44 actores políticos de primer nivel.
En total, se estima que alrededor de 100 perfiles políticos, incluyendo a funcionarios a quienes ya se les han retirado las visas, están siendo investigados por las autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.
José Luis Pliego indica que un hito trascendental es la declaración de seis organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas transnacionales en febrero de 2025, así como la reciente revelación de una red de investigaciones que abarca ocho grandes rubros estratégicos.
En el caso de Sinaloa, la solicitud de captura no se limita al titular del Ejecutivo estatal, sino que incluye a diversos funcionarios y exfuncionarios de primer nivel, tales como el exsecretario de Gobierno, el exsecretario de Finanzas, el exjefe de la Policía de Investigaciones de la entidad y un senador en activo.
BANCOS Y ENERGÍA, BAJO LA LUPA
El alcance de las indagatorias estadounidenses trasciende la esfera gubernamental. El analista Pliego destacó que el Departamento de Justicia mantiene abiertas investigaciones contra al menos 21 instituciones financieras en México.
Asimismo, el sector energético enfrenta un severo escrutinio por un desfalco estimado en 600 mil millones de pesos derivado del “huachicol fiscal”, con expedientes abiertos.
Finalmente, las agencias de inteligencia también rastrean el posible financiamiento ilícito de partidos políticos mexicanos desde las campañas electorales de 2006.
