Norma Piña, presidenta de la SCJN, alerta de los riesgos contra la independencia judicial
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Desde Nueva York, afirmó que la independencia judicial es una garantía para los ciudadanos
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, afirmó en Nueva York que la independencia judicial no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión superior para los juzgadores, sino una garantía para los ciudadanos.
“Digámoslo claro, sin independencia judicial no hay justicia”, dijo la Ministra, al participar en el Congreso Mundial de Derecho, que organiza la Asociación Mundial de Juristas, órgano consultivo de Naciones Unidas.
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Piña participó en un panel sobre Justicia y Estado de Derecho, en el que también estuvieron Anthony Kennedy, juez retirado de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Maite Oronoz, presidenta de la Suprema Corte de Puerto Rico, entre otros.
“Estoy convencida -dijo Piña- que la independencia judicial es campo fértil para que surja la justicia que demanda la sociedad y el debilitamiento de la independencia judicial se traduce en decisiones parciales, decisiones que dejan de tener como centro a la persona y sus derechos humanos”.
Además, abundó, es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la función judicial.
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“En esta comunicación social habremos de desafiar muchas de las preconcepciones que se tienen sobre la judicatura. Tengo la convicción de que socializar la trascendencia de la decisión judicial en la vida de las personas tiene el potencial de renovar de forma positiva la relación entre la institución y la ciudadanía. Un acercamiento con las personas es la única manera de defender la independencia judicial en la arena política, en donde las juezas y los jueces no podemos intervenir”, concluyó.
El evento, en el que participan más de 300 de abogados de todo el mundo, fue celebrado en la sede de la Barra de Abogados de Nueva York, en el centro de Manhattan. Otros mexicanos presentes fueron el Ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cossío; el presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Víctor Olea, y el Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer.
(Con información de Reforma)
