‘Plan B’ electoral: ¿Qué sigue tras su suspensión que concedió la Suprema Corte?
El ministro Laynez admitió la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral, causando el descontento del Poder Ejecutivo
CDMX.- El segundo paquete de reformas electorales que impulsó por el Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió su primer revés judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra estas disposiciones.
De esta manera las modificaciones legales que fueron discutidas en el Legislativo no podrán aplicarse hasta que los ministros resuelvan si son constitucionales o no. De momento, el órgano autónomo encargado de la organización de los procesos electorales en el país podrá conservar su estructura institucional y funciones, operando como lo hacía antes de la aprobación del llamado “Plan B” electoral.
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El ministro Javier Laynez en su ponencia ante el tribunal indicó que la suspensión a esta reforma responde a posibles violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que consideró necesario realizar el análisis de una de las propuestas más fuertes, en materia Legislativa, por parte del Ejecutivo federal.
De manera inmediata los líderes de partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) celebraron la decisión tomada en el Poder Judicial, ya que coinciden que estas modificaciones atentan contra la autonomía del INE y no garantizan la democracia en los comicios.
¿QUÉ IMPUGNÓ EL INE?
En primer punto, hablemos del recurso que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas promovidas por la 4T. El órgano electoral señaló que en la propuesta en esta materia fueron detectados cerca de 190 artículos que vulneran diversas disposiciones constitucionales.
De acuerdo con el director jurídico del INE, Gabriel Mendoza, la reforma vulnera en primera instancia el diseño del sistema nacional electoral, lo cual califica como el “pilar de sistema democrático”.
El funcionario electoral menciona que entre las inconstitucionalidades, las más graves son: la vulneración a la autonomía de independencia tanto de órganos electorales federales como locales; se desaparece prácticamente toda la estructura del INE; debilitan al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); vulneran al Padrón Electoral; y afecta las condiciones de la condiciones de la contienda, principalmente a las que garantizan elecciones libres.
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Anteriormente el INE advirtió que la implementación del paquete electoral afectó de forma crítica sus funciones y supondría el despido de casi la tercera parte de su capital humano, además de limitar las facultades que tiene para sancionar a partidos políticos y servidores que realizan campaña utilizando recursos públicos.
El intento de modificar diversas disposiciones electorales contemplaba ajustes a diversas leyes, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El “Plan B”, señaló el árbitro electoral, contemplaba la extinción de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas y la abreviación de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, que se traducía en la eliminación del 84.6% del personal que integra el SPEN.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Así como líderes de la oposición se manifestaron respaldando la decisión del ministro Javier Laynez de mandar a la “congeladora” el Plan B electoral, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, rechazó la suspensión.
“La decisión del ministro Javier Laynez Potisek es ilegal y parcial, está tomando una decisión unilateral”, mencionó el líder del partido que llevó al presidente López Obrador a ganar las elecciones de 2018.
Luego de darse a conocer la resolución de la SCJN el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de figuras y partidos de la oposición que manifestaron su apoyo al revés judicial.
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“Pueden porque es la misma mafia, son iguales que Ciro (Murayama), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia (...) porque ellos son partidarios de la oligarquía”, dijo en una entrevista exprés con reporteros en Quintana Roo.
Estas inconformidades no quedan solo en palabras, ya que desde Presidencia se anunció que impugnarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que se notifique formalmente dicha resolución.
“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, mencionó en un comunicado el Gobierno Federal.
Cabe señalar que aún no se determina si el paquete de reformas electorales incurre en inconstitucionalidades, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que debatir el tema para determinar si quita el freno al Plan B para que este continúe su marcha o confirme las, hasta ahora, supuestas violaciones a la Constitución.
