¿Quién se queda con el dinero robado a México?
Los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero robado del estado de Coahuila generan dudas sobre quién debería recibir el dinero.
Nota del editor: Esta historia es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Traducido al español por Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for Journalists and Bloggers.
Más de una década después de que los investigadores federales comenzaran a incautar propiedades y cuentas bancarias en Texas, propiedad de ex funcionarios mexicanos que habían saqueado las arcas públicas, el Departamento de Justicia (DOJ) dice que va a devolver parte de ese dinero al país donde fue robado.
El Departamento de Justicia dijo que los planes para enviar $26 millones de dólares a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur.
Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales de México que el Texas Observer ha contado en varias entregas en los últimos dos años.
De 2012 a 2018, fiscales y agentes federales en Houston, San Antonio, Corpus Christi y el Valle del Río Grande lanzaron una investigación muy intensa de funcionarios gubernamentales y empresarios de cuatro estados mexicanos que, alega el Departamento de Justicia, habían robado fondos públicos y lavado el dinero en Texas.
Los investigadores rastrearon el dinero robado hasta condominios en South Padre Island, gasolinerías y centros comerciales en Brownsville, una torre de almacenamiento en San Antonio que se vendió por casi $11.5 millones de dólares y casas en las áreas de Austin y Houston.
Los casos ilustran los esfuerzos para disuadir a los cleptócratas mexicanos de lavar dinero en Estados Unidos y exponer deficiencias en las regulaciones bancarias e inmobiliarias.
El Departamento de Justicia finalmente abandonó los procesos, desestimando acusaciones y resolviendo discretamente demandas civiles, pero no antes de recuperar decenas de millones de dólares a través de la confiscación, el proceso legal de obligar a un propietario a entregar los bienes involucrados en los juicios.
Los planes para devolver parte de ese dinero —las víctimas de delitos financieros pueden solicitar recuperar los fondos incautados por el Departamento de Justicia—plantean nuevas preguntas sobre cómo Estados Unidos debe manejar dinero sucio del extranjero. El objetivo declarado del DOJ al incautar el dinero es hacer de Estados Unidos un lugar menos atractivo para que funcionarios extranjeros corruptos laven dinero.
“Este dinero que roban estos cleptócratas... primero que nada, empobrece enormemente a la gente del país y, segundo, socava por completo los mecanismos para la democracia y el Estado de Derecho que estos países necesitan para asegurar que la cleptocracia no continúe”, dijo Tutu Alicante, un activista de derechos humanos de Guinea Ecuatorial que vive en el exilio en Estados Unidos.
Pero devolver ese dinero no siempre es fácil. En muchos países, la corrupción que permitió el robo en primer lugar todavía existe incluso cuando los Estados Unidos está tratando de devolver el dinero.
Al repatriar el producto de la corrupción, países como Estados Unidos necesitan preguntarse: “Quién es en última instancia la víctima de la corrupción?, dijo Sarah Saadoun, investigadora de Human Rights Watch. “En situaciones como ésta, donde se roban fondos públicos... la pregunta es, ¿qué beneficiaría más al público?”.
En 2017, el gobierno de México solicitó al entonces procurador general Jeff Sessions la devolución de $2.28 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había incautado de una cuenta bancaria en Las Bermudas perteneciente al ex tesorero del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández.
Coauhila, que limita con partes del sur y oeste de Texas, ha estado en una situación financiera desesperada desde 2011, cuando se supo que Villarreal y otros funcionarios habían desviado cientos de millones de dólares de una campaña masiva de obras públicas. Hoy, la deuda pública del estado equivale a casi $2 mil millones de dólares.
Villarreal fue finalmente acusado en México de falsificar registros gubernamentales para sacar casi $250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y, en Estados Unidos, de lavar decenas de millones de dólares a través de bienes raíces y cuentas bancarias de Texas. El gobierno federal de México es el responsable final de pagar la deuda que Villarreal acumuló de manera fraudulenta, escribió Raúl Cervantes Andrade, fiscal general de México en el momento de la petición de 2017. En abril de este año, el Departamento de Justicia dijo que devolverá $26 millones de dólares del dinero que ha recuperado.
En México, eso ha desatado un debate sobre quién debe obtener el dinero, y aún reina la confusión acerca de cómo se gastará. El Departamento de Justicia dice que el gobierno federal de México se comprometió a gastar el dinero en un programa de educación sobre el fentanilo. Funcionarios estatales en Coahuila han pedido que se les devuelva. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que si envía el dinero a Coahuila, se lo volverán a robar.
“Tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila. No.”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en mayo. “Al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de este dinero”.
La corrupción y la impunidad siguen siendo problemas a nivel federal también en México. López Obrador ha enfrentado acusaciones de corrupción y sus fuerzas de seguridad han perpetrado abusos contra los derechos humanos y se han dedicado al espionaje doméstico.
Como para subrayar hasta dónde llega la corrupción, Villarreal, quien se declaró culpable de delitos financieros en 2014 en San Antonio pero aún no ha sido sentenciado, testificó a principios de este año en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Pública de México. Un jurado encontró a García Luna culpable de aceptar sobornos de narcotraficantes, y está acusado en una demanda civil separada, presentada por el gobierno federal de México en Miami, de inflar contratos a cambio de sobornos.
México tampoco ha presentado cargos contra otros exfuncionarios de Coahuila. Villarreal todavía es buscado en México, pero los fiscales allí no han acusado a las docenas de exfuncionarios y contratistas estatales que él testificó que estaban involucrados en un esquema complejo que involucraba contratos inflados y falsificados. Los préstamos fraudulentos, que son el foco de la investigación de México, fueron parte de una conspiración mucho mayor para defraudar al estado y controlar el proceso político en Coahuila, dijo Villarreal ante un juez federal de Corpus Christi en 2021.
A nivel estatal, “los sistemas de rendición de cuentas son muy débiles y los gobernadores son muy corruptos”, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en las relaciones entre Estados Unidos y México. Hay más supervisión a nivel federal, pero “el gobierno de López Obrador no se toma en serio el combate a la corrupción”, agregó.
Cuando el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo en 2014 con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial para entregar más de 30 millones de dólares en activos estadounidenses que, según los fiscales, se compraron con las ganancias de la corrupción, la simple devolución al país de donde fueron robados no era una opción. El presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha gobernado desde 1979, y los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que una vez que se vendieran la mansión de su hijo en Malibú, el auto deportivo Ferrari y los objetos de memorabilia de Michael Jackson, el dinero podría terminar en manos de la misma familia despótica que ha saqueado la nación centroafricana durante décadas. El hijo de Obiang, que compró todos esos activos, es ahora el vicepresidente del país.
Después de siete años de negociaciones, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial acordaron enviar casi 20 millones de dólares a las Naciones Unidas para un programa de vacunas contra el COVID-19 y más de $6 millones de dólares a una organización benéfica en Maryland.
Un problema, dijo Alicante, cuya organización sin fines de lucro EG Justice trabajó con investigadores estadounidenses tratando de entender el robo de fondos públicos en Guinea Ecuatorial, fue que cuando se donó el dinero, el país ya contaba con un programa de vacunas. El Departamento de Justicia había encontrado una solución novedosa al problema de devolver ganancias mal habidas a naciones extranjeras, pero esas decisiones deberían involucrar a la sociedad civil en el país donde fueron robadas, dijo Alicante.
“Tienes que tener algunos mecanismos para la rendición de cuentas”, dijo. “Es genial que puedas vacunar a la gente. Pero, ¿nos estamos asegurando de que se priorice a las personas que más sufrieron la cleptocracia?
Intentar devolver dinero a través de no-organizaciones gubernamentales sería difícil en México, dijo Benítez Manaut. Por un lado, López Obrador desconfía profundamente de las organizaciones no gubernamentales, particularmente aquellas con vínculos con Estados Unidos. Por otro lado, las políticas antidrogas y antiinmigración de Estados Unidos dependen profundamente de la ayuda de México.
En el caso de Coahuila, Estados Unidos tiene una solución potencialmente simple: usar los $26 millones de dólares para pagar parte de la aplastante deuda de Coahuila. En cuanto a por qué Estados Unidos Unidos y México no han accedido a eso, dijo Benítez Manaut, “no sé la respuesta”.
También quedan dudas sobre cuánto dinero Estados Unidos ha recuperado. Los registros judiciales y los resultados de la subasta pública muestran que Villarreal entregó $34 millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias al gobierno federal de Estados Unidos y casi $6 millones de dólares más al condado de Bexar. Jueces federales de San Antonio sellaron partes de acuerdos con un empresario de Coahuila y la suegra de un exgobernador, lo que hace imposible saber quién recibió el dinero. Los acusados también han entregado bienes a puertas cerradas, incluido un Mercedes McLaren, un auto deportivo raro que puede venderse por cientos de miles de dólares, que Villarreal testificó que perdió.
Oficiales del Departamento de Justicia (DOJ) declinaron una entrevista con el Texas Observer para este reportaje. En cambio, la agencia dijo en un comunicado:
“DOJ proporciona remisión a víctimas calificadas de activos recuperados en el caso neto de gastos. A veces, sólo una parte de la pérdida se recupera en el decomiso en un caso. Por ejemplo, a veces un demandado gasta los fondos en artículos que no se pueden recuperar, como gastos de manutención o entretenimiento, otras veces el demandado gasta el dinero en activos que no se han mantenido y, por lo tanto, el valor es menor que el precio de compra original”.
La transparencia “importa en ambos lados de la frontera”, dijo Saadoun. “Creo que es importante asegurarse de que Estados Unidos rinda cuentas por completo de todos los activos que fueron (confiscados) ... y asegurarse de que, una vez repatriado, en realidad ... vaya a pagar los préstamos originales o vaya a alguna otra forma de beneficiar al público”.
