Recurrió Sedena a Alpízar en casos Cienfuegos y Duarte

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Desde abril, Alpízar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el CJF de presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran favorablemente amparos, sentencias y vinculaciones a proceso en casos que eran de interés para el Gobierno federal.

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Todo esto durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Corte.

Al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió oficios sin firma ni membrete a la cuenta de correo fershiee096@gmail.com, donde solicitó la intervención de Carlos Alpízar en asuntos relacionados con el expediente del General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En un oficio enviado el 22 de junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.

La institución castrense buscaba que Rosa González Valdés, magistrada presidenta del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del General, el cual fue difundido por la Fiscalía General de la República (FGR) en una versión pública con secciones testadas.

Dicha demanda de amparo fue promovida por Bryan Carlos LeBarón Jones, miembro de la familia LeBarón, quien señaló que la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Presidencia de la República fueron omisas en su deber de garantizar el derecho a la información y la verdad al publicar testado el expediente del caso Cienfuegos.

Después de que la demanda de amparo fue admitida el 19 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE alegaron en un recurso de queja que LeBarón Jones carecía de interés jurídico para conocer el expediente.

Fue este recurso de queja el que fue turnado a la ponencia de González Valdés y por el que la Sedena solicitó la intervención de Alpízar para obtener una resolución favorable.

Sin embargo, el 26 de junio de 2021 el Tribunal Colegiado respaldó la admisión de la demanda de amparo de LeBarón Jones.

De acuerdo con la página del CJF, González Valdés continúa como magistrada en el mismo órgano jurisdiccional.

Presión por rancho

La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33 por ciento del Rancho Las Mesas que un juez de control federal había declarado en abandono a favor de la Federación en la causa penal 97/2016.

El 4 de diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió un oficio donde pedía a Alpízar “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos”.

En un inicio, la demanda de amparo promovida por Mansur se turnó al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, presidido por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña.Sin embargo, la jueza determinó carecer de competencia para conocer el asunto debido a que el inmueble de Mansur no se encontraba dentro de su jurisdicción, por lo que fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, presidido por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez.

Grupo REFORMA reveló que, de acuerdo con la denuncia anónima que dio paso a la investigación contra tres ex colaboradores de Arturo Zaldívar, Ordóñez Gutiérrez y otros jueces habrían acudido a reuniones en un rancho propiedad de Carlos Alpízar, donde recibían órdenes para resolver los asuntos conforme lo dictaba el entonces presidente de la SCJN.

El 23 de junio de 2022, Ordóñez Gutiérrez declaró infundados los conceptos de violación planteados por Mansur y le negó el amparo.

Tras una larga batalla legal con Mansur, la FGR anunció en mayo de 2023 que había obtenido en definitiva la declaratoria de abandono del rancho, con lo que la Sedena asumió el control de la propiedad que hoy forma parte del Centro de Reproducción Equina de Alto Rendimiento.