Reforma electoral de AMLO busca que inmuebles del INE sean ‘rehenes’ del Indep
El INE tiene actualmente un patrimonio de 34 inmuebles, entre terrenos, edificios y obras en construcción, por un valor de 2 mil 580 millones de pesos
Al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) le pasaran todos los inmuebles y fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE) con la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.
Ya que el INE tiene actualmente un patrimonio de 34 inmuebles, entre terrenos, edificios y obras en construcción, por un valor de 2 mil 580 millones de pesos.
La intención, según la iniciativa oficial, es que el Indep controle la transferencia de esos bienes al nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
“Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que cuenta el INE, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de fondos o fideicomisos, pasarán a formar parte del INEC.
“El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las acciones de desincorporación y transferencia de activos”, indica la propuesta presidencial, que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados.
Ese tipo de transferencias de inmuebles no se había planteado en ninguna transformación de órganos autónomos ni de dependencias gubernamentales.
Por ejemplo, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) mutó a Instituto Nacional Electoral (INE), su patrimonio y recursos se transfirieron automáticamente al nuevo órgano electoral.
Lo mismo sucedió cuando la Procuraduría General de la República (PGR) pasó a FGR, la Policía Federal a Guardia Nacional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa o el Instituto Federal de Acceso a la Información al INAI. En ningún caso se aclaró en la reforma que habría un intermediario externo encargado de trasladar el patrimonio.
“En un plazo de 15 días, la persona titular de la presidencia del INE deberá entregar a la persona titular del Indep un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente”, señala la propuesta presidencial.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Taxis son un peligro para las mujeres?... Adriana y Gabriela los abordaron y hoy están muertas
La iniciativa también indica que una vez que queden extinguidos los organismos públicos locales electorales, pues el INEC asumiría sus funciones, sus recursos financieros y materiales se transferirían a este último.
Desde 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso la mira en los fideicomisos del INE. Incluso, exigió que ese dinero se canalizara a la consulta de revocación de mandato.
El fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral cuenta con 487.3 millones de pesos.
Mientras que en el fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Mejoramiento de Módulos tenía mil 118 millones de pesos.
El último informe trimestral sobre la situación financiera del organismo, indica que sus bienes-muebles, con los que opera, tienen un valor de 2 mil 410 millones de pesos.
Este patrimonio incluye mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, instrumental médico, vehículos y transporte, maquinaria y herramientas colecciones de arte y activos biológicos.
En software, licencias y activos intangibles reportan 509.3 millones de pesos, y en almacenes tiene 87 millones de pesos en materiales y suministro.
“En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este decreto, la persona titular de la presidencia del INE deberá entregar a la persona titular del Indep un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente”, establece la reforma.
De acuerdo con la iniciativa, una vez que queden extinguidos los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sus recursos financieros y materiales se transferirían al INDEC.
Pero en este apartado no se establece qué autoridad coordinaría la transferencia.
Sobre la desaparición de los tribunales electorales locales, la iniciativa señala que, una vez que asuman los nuevos magistrados, los gobiernos estatales se quedarán con los inmuebles.
“En el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas, y su patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local”, precisa la iniciativa.
