Reforma electoral no abona a la pluralidad: expertos

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/ 28 noviembre 2022

Especialistas en la materia consideran que la enmienda es regresiva

CDMX.- Expertos opinan que lejos de lo que pretende, la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador no contribuye a la autonomía electoral, tampoco significa una mejora a la representatividad ni reduce el costo de la democracia.

Para Ana Micaela Alterio, profesora del ITAM, una de las ventajas de la elección popular es decidir entre las múltiples opciones disponibles, aquella que más nos “representa”, pero en el proyecto esa posibilidad está constreñida por una decisión previa que no es popular: las candidaturas no están abiertas a la postulación de la ciudadanía, sino que se debe optar entre aquellas definidas por los poderes del Estado.

“Esto quita todo poder configurativo a la participación popular, reduciéndola a un ejercicio de ratificación”, afirmó.

Mientras que Karolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, consideró que eliminar los límites de sobrerrepresentación implicaría la ausencia de un número máximo de escaños a los que pudiera acceder una fuerza política, asegurando dominio de los partidos más grandes en cada demarcación y eliminando los incentivos para formar coaliciones.

Además, eliminar el financiamiento público sería otro factor que debilitaría a partidos pequeños. La expectativa de que se mantengan con las aportaciones de sus militantes y simpatizantes es inviable.

Por su parte, Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, aseguró que no hay mucha diferencia entre lo que hicieron los reyes cuando fundaron el Estado nación en el siglo XVII y lo que quieren hacer los populistas de hoy: unificar la voluntad de los súbditos a la del monarca, en el caso de aquellos, o del mandamás, en nuestro caso.

“Al igual que la fallida iniciativa constitucional, la reforma legislativa tiene un solo y firme propósito: convertir a Morena en el partido dominante más allá de este sexenio a través del control gubernamental de las elecciones”, advirtió.

“Lo que se sabe del proyecto legislativo revela que con la ley violarán la Constitución y procederán a tomar decisiones produciendo hechos consumados que habrán de llegar a los tribunales como juicios de (in)constitucionalidad”, criticó Valdés Ugalde.

Hugo A. Concha Cantú, también investigador del IIJ de la UNAM, sostuvo que la iniciativa combina dos temas vinculados, pero distintos: la organización del sistema de representación y el propiamente electoral. Ello no ayuda al análisis y deberían ser reformas separadas.

Quizá el tema que en realidad requeriría más atención es el relacionado con los partidos. Han dejado de ser entidades para el beneficio de la ciudadanía y se han convertido en oligarquías cerradas. Es urgente una reforma profunda para democratizar a los partidos”, dijo.

Finalmente, Concha afirmó que la justicia electoral es el verdadero árbitro de una elección y por ello una reforma debe de involucrar el análisis de sus diversos temas como su organización y estructura, sus funciones, así como sus controles y límites.

“Sí es necesaria una reforma, pero sólo si es lo suficientemente amplia, incluyente y que fortalezca lo que se ha construido a lo largo de varias décadas para el beneficio de todos y todas”, concluyó.

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