SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito

CDMX.- El adeudo fiscal de Grupo Salinas volvió al centro del debate público luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que el conglomerado empresarial mantiene créditos fiscales por 51 mil millones de pesos, los cuales deberán resolverse a partir de enero próximo.

De acuerdo con información oficial, el monto corresponde a diversos litigios fiscales arrastrados desde hace más de una década, relacionados con impuestos, recargos y actualizaciones que la autoridad considera exigibles tras resoluciones judiciales firmes.

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Ante estos señalamientos, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió públicamente y aseguró que su intención es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno federal, siempre que exista certidumbre jurídica y claridad por parte de la autoridad fiscal.

A través de su cuenta en la red social X, el dueño de Grupo Salinas sostuvo que la empresa no ha buscado el conflicto, sino un marco de legalidad claro que permita resolver el diferendo de manera definitiva y sin interpretaciones discrecionales.

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Salinas Pliego afirmó que lo más prudente es esperar a enero para que el SAT precise por escrito los fundamentos del adeudo que, según su versión, asciende a 31 mil millones de pesos, y entregue un desglose detallado y transparente de los cálculos que sustentan dicha cifra.

Indicó que solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar el tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho.

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El empresario también aseguró que existe voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan, y afirmó que dicha disposición se acredita con el pago de más de 285 mil millones de pesos entregados al fisco durante el periodo que ha durado la controversia.

Precisó que las diferencias se concentran en las pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, particularmente en los recargos y actualizaciones que, dijo, derivan de interpretaciones de la propia autoridad y de los tiempos prolongados del sistema judicial. Con información de El Universal