SCJN dice NO al Registro de Agresores Sexuales; alegan se perdería la presunción de inocencia y la reinserción social del sentenciado
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El registro público de agresores sexuales en CDMX podría quedar sin validez luego de una discusión en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN)
La Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, como proponían reformas al Código Penal de la capital mexicana.
Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás al Registro Público de Agresores Sexuales (RPAS), en su carácter punitivo y público, en la Ciudad de México.
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Este registro formaba parte de una serie de reformas que aprobó el Congreso de la Ciudad de México en 2020 a las leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del código Penal de la capital mexicana.
La decisión de la SCJN se dio después de las impugnaciones presentadas por las comisiones nacional y local de derechos humanos.
En este sentido, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, consideró que la inscripción al RPAS viola el derecho de reinserción social, estigmatiza y genera una doble pena a las personas sentenciadas por los delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual.
En contraste, el ministro Arturo Zaldívar señaló que este Registro Público de Agresores Sexuales no impone una pena adicional, sino que ayuda a prevenir y salvaguardar los derechos e integridad de las mujeres mexicanas frente a estos delitos.
Anteriormente, la ministra Yasmín Esquivel alegó que existe un incremento en delitos de carácter sexual entre 2017 y 2020, por lo que es necesario contar con un registro público para mejorar los niveles de protección en torno a los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz se manifestaron en contra por violar conceptos como la presunción de inocencia, derecho penal del acto, reinserción social, así como por ser inconstitucional.
En tanto, la ministra del Supremo mexicano Loretta Ortiz refirió que no existe evidencia de que mecanismos como un Registro Público de Agresores Sexuales ayude a inhibir este tipo de crímenes, mientras que la ministra Margarita Ríos alegó que ayudaría para empoderar la denuncia por parte de víctimas de delitos sexuales.
El 17 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos bajo los que se regiría el Sistema de Protección de Datos Personales del Registro Público de Agresores Sexuales.
Este registro de agresores sexuales de la capital mexicana se apuntaría como una base de datos que contendría información de las personas que cuentan con sentencias por violencia sexual en la Ciudad de México.
