SCJN ordena a FGR investigar delitos en contra de las víctimas de la Guerra Sucia
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Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado un amparo a cuatro víctimas del periodo llamado ‘Guerra Sucia’, donde se ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar delitos que pudieron ser cometidos y que pueden constituir a crímenes de lesa humanidad.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, tras otorgar protección a cuatro mujeres, quienes presumiblemente fueron detenidas, torturadas y terminaron con consecuencias psicológicas por la represión militar y política a grupos disidentes.
La orden a la FGR se debió a que las y los ministros consideran que los crímenes denunciados son imprescriptibles; luego que en enero de 2022, la Fiscalía decidió no ejercer acción penal por los hechos denunciados bajo el argumento de que en aquella época no estaba vigente el ‘Estatuto de Roma’ de la Corte Penal Internacional.
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A lo que magistrados consideraron que el derecho sí contaba con otros mecanismos para determinar que se trata de crímenes de lesa humanidad, ya que en el caso de no hacerlo así en la actualidad se estaría violando el derecho a la verdad.
“La decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que, a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia, le son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”, se explicó en el proyecto de González Alcántara Carrancá.
La Fiscalía General de la República tendrá 12 meses para determinar si ejerce o no acción penal con los elementos que cuenta, así como que cada dos meses informará al juez de amparo el nuevo desarrollo de las investigaciones, pero esta podría reiterar su determinación.
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FGR podría cambiar su determinación, pues se podrían encontrar las pruebas suficientes para acreditar que los hechos denunciados entrar dentro de la clasificación de lesa humanidad.
Se trata de las hermanas Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como Flavia Cabañas Gómez, -quien en ese entonces tenía 17 años- son familiares del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, maestro que egresó de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y líder del grupo armado Partido de los Pobres, en la sierra de Guerrero, en la década de 1970.
Las cuatro denunciaron haber sido víctimas de delitos cometidos por elementos del servicio secreto de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), al momento de su detención, el 17 de enero de 1972 y el 18 de enero de 1973.
