Sería México el único país de la OCDE en elegir a jueces por voto popular
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En los países que integran al organismo hay diferentes métodos de selección para elegir a juzgadores
De concretarse la reforma que lo contempla, México sería el único de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que elegirá a sus jueces constitucionales por voto popular.
Una de las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla que los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más de mil 650 jueces y magistrados federales, sean electos por los ciudadanos mexicanos en las urnas.
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En los otros 37 países que forman parte de la OCDE hay diferentes métodos de selección que involucran a los tres poderes e incluso a comités independientes, sin embargo en ninguno de los casos se someten esos nombramientos al voto popular.
Regularmente, los jueces de Cortes Supremas o Constitucionales son nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso o alguna de sus cámaras. En algunos casos se reciben recomendaciones del Poder Judicial.
Para jueces de menor rango, mayormente se dan designaciones internas de los Consejos de la Judicatura o bien otros cuerpos, a excepción de Estados Unidos, donde todos los jueces federales los designa el Poder Ejecutivo y los confirma el Senado.
El único país de la OCDE que involucra la participación popular es Japón, aunque no es para el nombramiento original, sino para ratificación.
En Estados Unidos hay elecciones para jueces, pero para cortes estatales o locales y sólo en algunos estados. Otros países como Hungría y Polonia han sido criticados por injerencia política en el nombramiento y control de tribunales.
En México, los ministros de la Corte fueron designados sólo por el Congreso entre 1917 y 1928, cuando la facultad pasó al Ejecutivo, contemplando la ratificación del Senado de la República.
Jueces y magistrados, por su parte, fueron nombrados directamente por la Corte de 1917 a 1994, año en que se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Desde entonces se les nombra a través de un concurso de oposición que organiza el CJF.
La reforma al Poder Judicial que propone López Obrador eliminaría el CJF para que se divida en dos: un Tribunal de Disciplina Judicial (TJD), integrado por cinco magistrados también electos por voto popular, y un “órgano de administración judicial”, que mantendría las funciones del CJF, salvo las disciplinarias, con un integrante designado por el Ejecutivo, uno por el Senado y tres por la Corte.
