Siguen sin detenerse las restricciones migratorias, tras desaparición de Título 42
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La implementación del Título 42 fue controversial desde el principio y una de las promesas del actual presidente, Joe Biden, fue ponerle fin
Un año después de la desaparición del Título 42, la situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo un tema complejo.
Este protocolo, implementado en marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, permitió la expulsión expedita de migrantes en la frontera bajo la justificación de la emergencia sanitaria.
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La administración del entonces presidente Donald Trump utilizó el Título 42 “para facilitar la expulsión inmediata de migrantes en la frontera sur sin permitirles solicitar asilo, diciendo que era una medida necesaria para prevenir la propagación del coronavirus en centros de detención y en la población en general. ”, explica a EL UNIVERSAL José Jordán, abogado especialista en inmigración, desde California.
”Esta política permitió a las autoridades fronterizas rechazar a la mayoría de los migrantes que llegaban a la frontera, incluidos aquellos que buscaban protección humanitaria, enviándolos de regreso a México oa sus países de origen sin las audiencias de asilo correspondientes”.
La implementación del Título 42 fue controversial desde el principio y una de las promesas del actual presidente, Joe Biden, fue ponerle fin, algo que finalmente ocurrió el 11 de mayo de 2023.
Durante el tiempo que estuvo vigente el Título 42 —de abril de 2020 a mayo de 2023—, el impacto en la migración fue significativo: se registraron aproximadamente 2.9 millones de encuentros en la frontera entre migrantes y autoridades, de los cuales cerca de 1.8 millones resultaron en expulsiones (61%), según el Pew Research Center.
Sin embargo, al desaparecer la medida, se activó el llamado Título 8. Este conjunto de leyes, administradas y aplicadas principalmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y sus agencias subordinadas como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), establece las bases legales para la entrada, permanencia y salida de extranjeros en Estados Unidos.
Bajo este título, las autoridades fronterizas tienen la capacidad de determinar si los individuos que llegan a la frontera cumplen con los criterios para ser admitidos en el país, ya sea como visitantes, residentes permanentes o refugiados.
También aborda las infracciones y penalizaciones relacionadas con la inmigración ilegal.
“Esto incluye las sanciones para aquellos que ingresan ilegalmente al país, los que exceden su período de estadía autorizada y aquellos que cometen fraude para obtener beneficios de inmigración” explica el experto.
El Título 8 incluye un mecanismo para la deportación rápida de personas, conocido como “remoción acelerada”.
Aunque en teoría otorga más tiempo a los solicitantes de asilo para presentar su caso, ante el número de migrantes cruzando hacia Estados Unidos, el gobierno de Biden desarrolló fijó consecuencias más duras para quienes entren por vías ilegales.
Los deportados bajo el Título 8, además, tienen prohibido regresar a EU al menos en cinco años.
Y quienes quieran ingresar de manera legal, tienen que registrarse en la aplicación CBP One, anunciada cuando el Título 42 aún regía, pero que presenta diferentes inconvenientes, incluyendo fallas y retrasos.
A la vez que Biden extendió el programa de libertad condicional humanitario que ya aplicaba a venezolanos, para incluir a un número de cubanos, nicaragüenses y haitianos, llegó a un acuerdo —criticado por ONG— con México para que este país reciba hasta mil personas deportadas. al día de las naciones ya señaladas.
Estados Unidos mantiene, además, la presión sobre México para que siga ejerciendo, en la práctica, el papel de muro de contención de migrantes, un tema que cobra más relevancia conforme se acercan las elecciones presidenciales de UE, en noviembre.
Apenas este jueves, el gobierno demócrata anunció nuevos cambios que otorgarán más poder discrecional a los agentes de inmigración para rechazar solicitudes de asilo y acelerar las deportaciones.
Trump ha prometido que, de regresar a la Casa Blanca, reinstaurará el Título 42, así como la política “Quédate en México”. Además, advierte que impondrá un sistema “de deportación masiva”.
