Julio César Godoy

La semana pasada, nuevamente nuestra clase política dio una muestra de para qué sirve el cargo para el que fueron electos. Fuimos testigos de cómo, a pesar de los operativos de la Policía Federal, de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y de un expediente armando mediante declaraciones de testigos protegidos, Julio César Godoy Toscano pasó de ser un prófugo de la justicia por más de 13 meses, a un diputado federal, que ahora goza de un valioso privilegio: el fuero que la ley le otorga...el cual podría perder en caso de ser ahora procesado a un juicio de desafuero.

Pese a todos los esfuerzos de la Policía Federal, con todo y perros amaestrados para poder detectarlo, el nuevo diputado federal perredista logró ingresar a las instalaciones de la Cámara de Diputados para poder rendir protesta y gozar de su curul, de las prerrogativas y claro, del fuero que lo hace casi inmune contra algunas acciones judiciales. Aunque su suerte podría dar un giro..

Para muchos, entró desde el martes de la semana pasada, cuando presuntamente haría el primer intento de rendir protesta, gracias a la astucia de diputados perredistas, quienes habrían contado con el apoyo del presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Esta historia comenzó a escribirse el 26 de mayo del 2009 (a dos meses de la elección intermedia) cuando la Procuraduría General de la República implementó un operativo a fin de detener a 27 funcionarios (entre presidentes municipales y colaboradores del gobierno estatal), acusados de presuntos nexos con la delincuencia organizada, conocida en Michoacán como La Familia.

En ese momento, una de las personas que logró escapar, fue Julio César Godoy Toscano, quien contendía como candidato a una diputación federal por parte del Partido de la Revolución Democrática. Pese a estar fugado, desaparecido o como quieran llamarle, en los comicios de julio del 2009 resultó triunfador, pero no pudo continuar con todos los procedimientos, debido a las acusaciones en su contra.

Por otro lado, su medio hermano, el gobernador michoacano, Leonel Godoy, se quejó de la falta de coordinación entre autoridades federales y él, ya que el operativo los tomó por sorpresa. Lo tomó como una descortesía hacia las autoridades locales. Y por supuesto que no le hizo nada de gracia que los cargos fueran contra su medio hermano y también algunos otros operadores cercanos clave.

¿Qué hubiera pasado si autoridades estatales se enteraran antes de estas acciones? Desde ese momento consideró que esta acción judicial era con tintes político-electorales, a fin de debilitar al gobierno en turno perteneciente al PRD y dar paso a que el PAN tenga posibilidades de gobernar en esa entidad, de la cual es oriundo el presidente Felipe Calderón. En eso coincido otro michoacano, Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial y fundador del partido del sol azteca.

Por cierto, en mayo pasado, el mandatario michoacano exigía una disculpa pública por parte del gobierno federal ante el operativo.

Y es que posteriormente, hubo un operativo policiaco similar en Morelos, estado gobernador por el panista Marco Antonio Adame, a quien sí tuvieron la cortesía de avisarle

Ustedes se preguntarán: ¿y cómo fue que la PGR armó todo el expediente en contra de estos funcionarios? Pues lo hizo gracias a la participación de una figura jurídica de moda en nuestro país: los testigos protegidos. En este caso fue el de "Ricardo", "Emilio" y "Paco"

En Junio del 2009, se dicto auto de formal prisión en contra de los funcionarios detenidos durante el michoacanazo.

En septiembre de 2009 el ahora diputado promovió un amparo en contra de la orden de aprehensión que giró en su contra el Juez de Distrito, adscrito al penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit. Y ese mismo día, otro juez, el Segundo de Distrito, con sede en Morelia, le concedió la suspensión provisional. Para no abrumarlos con la historia jurídica de su expediente, pueden verlo en esta liga.

No hay que olivar que Carlos Alberto Elorza Amores, el juez que precisamente giró las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios, fue víctima de un atentado apenas en agosto pasado, del cual resultó con lesiones leves. No así uno de sus escoltas.

Finalmente, Godoy Toscano rindió protesta, con el amparo a su favor otorgado por el Juez Primero de Distrito con sede en Michoacán, que suspende de manera definitiva la orden de aprehensión en su contra.

Aunque para la PGR, el caso sigue abierto, porque hay una orden de aprehensión en contra del diputado del PRD, por lo que podría pedir el desafuero de Godoy Toscano.

No sería el primer caso de un legislador de oposición que se someta a este procedimiento, y esté en funciones. Seguramente recuerdan los videoescándalos de Carlos Ahumada. En noviembre del 2004, René Bejarano, entonces diputado federal, fue desaforado, por uso de recursos de procedencia ilícita, delitos electorales, entre otros.

Tampoco hay que olvidar lo que sucedió entre el entonces diputado Germán Martínez y Manuel Bartlett. La Suprema Corte de Justicia dejó en claro cuándo es que el fuero es un derecho y protege a los legisladores, y cuánto éstos están sin esta protección al menos en el sentido de la calumnia.

En resumen ejecutivo, Martínez dijo que Bartlett había sido responsable del homicidio de Manuel Buendía en una argumentación cuando era representante del PAN ante el IFE siendo diputado. Bartlett lo demandó y Martínez se escudó en que lo dicho en ese momento había sido protegido por su fuero. Después de años de demandas, amparos y demás, la Suprema Corte votó que lo dicho por Martínez no sería sujeto de protección bajo fuero porque lo dijo no por su labor parlamentaria, sino por otro trabajo que hizo no como diputado, sino como militante del PAN.

El viernes pasado, tal y como lo adelantó un día antes el diputado Godoy Toscano, quedó en libertad uno de los funcionarios que aun estaban presos: Miguel García Hurtado, quien fuera procurador estatal, con lo que la lista se redujo solo a seis ex funcionarios que continúan detenidos, de un original de 27.

¿Qué creen que proceda en este caso? ¿Será que el diputado Godoy Toscano mantenga ese cargo? ¿Será el michoacanazo un caso más que se le va de las manos a la Procuraduría General de la República? ¿Hasta qué grado se podrá confiar en la famosa figura del testigo protegido? ¿Creen que sí sea una estrategia política-electoral del gobierno federal contra el PRD y en particular Michoacán, cuna, también de Felipe Calderón? Independientemente de todas las preguntas y sus asegunes, ¿qué opinan del hecho de lo sucedido la semana pasada, cuando este diputado con estas acusaciones --hechas en cierto tiempo y con este largo e intricancado camino judicial que no ha podido probar que es culpable-- tomó posesión? Espero sus comentarios, estamos en cibercontacto.