Impugnan regalote a EU

Estamos hablando de un acuerdo expedido por la Secretaría de Economía que permite la homologación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de aparatos eléctricos y electrónicos con las del país de Allende el Bravo, que en el terreno práctico implica soslayar la verificación de éstas al ingreso al país.

Aduana libre, pues, en materia de metrología y normalización, lo que implica un durísimo golpe, acaso de consecuencias mortales, para las empresas del ramo integradas al Consejo Mexicano de Normalización.

De acuerdo a la visión de los legisladores impugnantes, la dependencia encabezada por Bruno Ferrari, es decir el Ejecutivo, se excedió en sus facultades al desconocer, con un simple acuerdo administrativo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Por lo pronto, la iniciativa empujada por los senadores perredistas Yeidckol Polevnsky, Silvano Aureoles, Alfonso Sánchez Anaya y Rosalinda López Hernández, en paralelo a la priísta María de los Angeles Moreno y el de Convergencia Juan Fernando Perdomo Bueno, ya fue admitida por la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza Pedro Joaquín Coldwell.

De lograrse un apoyo mayoritario de los 14 integrantes de ésta, se turnaría al pleno para su votación.

El nuevo escenario, inscrito en el marco de un programa de desregulación firmado por los presidentes de México y EU además del Primer Ministro de Canadá, se publicó en el Diario Oficial el 17 de agosto pasado. La posibilidad había surgido en el escenario de un programa diseñado por el huésped de la Casa Blanca, Barack Obama, bajo el nombre de Iniciativa Nacional de Exportación.

La meta era crear dos millones de empleos. en el país del norte, naturalmente.

La cruzada, inscrita dentro de la estrategia para la recuperación económica de la nación vecina, recibió el visto bueno del presidente Felipe Calderón en su reciente visita a Washington, pese a que en otro de los puntos se reclama la repatriación de empresas o filiales instaladas en México.

La premisa es simple: Con fronteras abiertas de par en par, para qué rayos producir en el país del sur, exponiéndose de pasadita a la inseguridad; el dudoso estado de derecho; los altos costos de electricidad, y en una de esas hasta las rígidas leyes laborales que subordinan la causa patronal a la de los trabajadores.

El problema, naturalmente, es que habiéndose mudado las plantas productoras de aparatos eléctricos y electrónicos de EU hacia países asiáticos, las mercancías que se exportarían podrían provenir de éstas, lo que abriría el paso al contrabando documentado o la triangulación.

Digamos que el pasar por la supuesta rigidez de la aduana de certificación de la calidad, los productos tendrían etiqueta "Made in USA", en evidente violación a lo dispuesto por el TLCAN que privilegia lo producido en la región. Y quién garantizaría la seriedad de la verificación, en un horizonte en que a EU le urge reducir drásticamente su tradicional déficit de la balanza comercial.

Más aún, quién garantiza la calidad de las marcas; la protección de los consumidores en materia de salud y seguridad; la existencia de refacciones en caso de desperfectos.

Lo cierto es que, en la antesala de la medida, de nada valió una protesta airada de la Canacintra, o las advertencias de expertos internacionales como Francisco Reed, señalando de cara a un Simposio Latinoamericano de Energía que el esquema de homologación de normas lo habían probado entre sí con resultados desastrosos EU y Canadá.

Balance general

Pendiente desde el 24 de abril pasado, cuando se aprobó en lo general la propuesta para una Ley de Asociaciones Público-Privadas planteada por el presidente Felipe Calderón al Congreso, ésta será modificada drásticamente por el Senado.

De hecho, ya se integró un bloque opositor al que concurren legisladores del PRI, del PRD, del PT y de Convergencia.

La pretensión del Ejecutivo es otorgar concesiones hasta por 40 años a la iniciativa privada para realizar proyectos de construcción de obras hidráulicas, educativas y de telecomunicaciones, lo que se ha interpretado como privatización silenciosa de los bienes e infraestructura del sector público. (El Universal)

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