Guerrero: sangre y elecciones

Aunque la contienda se entabló en realidad hace varias semanas, ha comenzado ya de modo formal el proceso electoral para la sucesión de gobernador en Guerrero. El hallazgo de 18 cadáveres en una fosa clandestina en la porción rural de Acapulco y el que quizá esos cuerpos sean los de turistas michoacanos desaparecidos en ese puerto hace un mes son la más reciente prueba del pésimo desempeño de Zeferino Torreblanca que, sin embargo, puede salir triunfante del lance sucesorio.

El balance de la administración de Torreblanca en materia de seguridad, carencia de los guerrerenses desde tiempo inmemorial, es semejante al que rendían los gobernantes priistas, cada uno de los cuales terminó su sexenio con nulas señales de respeto a la vida o al menos de persecución y castigo a quienes no la respetaban. La elección del primer gobernador surgido de la oposición suscitó la expectativa de que esa condena histórica fuera levantada. Pero ocurrió en cambio que fue ratificada.

El singularísimo escenario en que se disputarán la gubernatura tres candidatos resulta en amplia medida de la violencia criminal que ha prevalecido en esa entidad, violencia que parece inextirpable, y que en la hora presente es alentada por la impunidad que beneficia a quienes la practican. Pocas veces en la historia de Guerrero fue incompetente y tan ineficaz la procuración de justicia, como lo fue también la política de seguridad pública. El impune asesinato del diputado Armando Chavarría, líder del Congreso local, ultimado hace 14 meses, resume esa incapacidad del estado, empeorada por la posibilidad de que hubiera sido eliminado para modificar el cuadro político de la entidad.

Chavarría era el más probable candidato del PRD a la gubernatura, y con él ese partido tendría anchos márgenes para conservarla. Pero en su ausencia el perredismo acudió a una candidatura externa, la de un priista que sólo a última hora se escindió de su partido, después incluso de admitir públicamente que el candidato del PRI fuera su pariente Manuel Añorve. Despechado tardío, el senador Angel Heladio Aguirre rechazó esa decisión de su partido y logró que, en sus querellas internas, el PRD lo asumiera como su abanderado, luego de que en más de una oportunidad el ahora candidato hiciera armas contra quienes hoy lo postulan.

Torreblanca, que ingresó al PRD sólo para participar de modo formal en el proceso de su propio relevo, manejó dos cartas a efecto de salir bien librado del obligado escrutinio a que lo sujetará el próximo gobierno. Por un lado, no ocultó su empatía y simpatía con Añorve, alcalde de Acapulco como lo fue Torreblanca, aunque contendiera por el PRI. Y dentro de su partido pretendió sacar adelante la postulación del diputado Armando Ríos Piter. Esta vertiente de su juego se frustró porque coincidieron en su contra intereses enfrentados entre sí.

Aguirre es candidato de la coalición del PRD, el PT y Convergencia, que es la fórmula admitida por Andrés Manuel López, ysin embargo la candidatura es obra de Marcelo Ebrard, que se interesó personalmente en el proceso interno guerrerense, sabedor de que la pérdida de gobiernos perredistas en los comicios del año próximo reforzará la tendencia a que lo mismo ocurra en el Distrito Federal en el 2012. En Guerrero la coalición excluyó al PAN, que presenta una candidatura que resultará simbólica, testimonial, pues se trata de una de las pocas entidades donde ese partido no logra establecerse, arrojado a la cuneta por la polarización entre el PRI y el PRD notable desde hace más de 20 años y que hace seis culminó con la derrota del PRI.

Tal como hizo en Acapulco, donde cortó de tajo la sucesión de ayuntamientos perredistas, Añorve se propone recuperar para su partido el gobierno estatal, sacado de la órbita priista durante un lapso más breve. Cuenta con el apoyo de los ex gobernadores, incluso los que como Figueroa hicieron guiños a la oposición, no por veleidad ideológica sino por conveniencia táctica, en defensa de sus intereses. Cuenta sobre todo con el apoyo del senador Manlio Fabio Beltrones, con quien trabajó hasta antes de su candidatura acapulqueña -conseguida también por ese impulso- y quien ha enviado para organizar su campaña a uno de sus validos más cercanos, el senador bajacaliforniano Fernando Castro Trenti.

En las peculiares condiciones en que se inician las campañas por la gubernatura, Añorve recibió la presencia más simbólica que efectiva de la ex diputada Ruth Zavaleta, que hace un año se marchó del PRD, en el marco de la contienda entre Nueva Izquierda, corriente donde era figura principal, y otras expresiones, principalmente las que se identifican con López Obrador. Lo que son las cosas, como dicen los filósofos de pueblo: hace tres, cuatro años, la ex presidenta del Congreso federal hubiera sido una carta fuerte del PRD para suceder a Torreblanca, porque a su propia personalidad se agregaba la influencia de Los Chuchos, hoy desgajados. Ella misma, que no hizo carrera en su tierra natal sino en el DF, tiene poco que ofrecer a Añorve, quien sin embargo se empeñará en presentarla como ejemplo del éxodo perredista hacia su causa.

Una dispersión en sentido contrario, del priismo hacia la coalición que sostiene a Aguirre cuenta entre las expectativas que lo hicieron candidato. Es posible, sin embargo, que esa inclusión de aguirristas tricolores quede neutralizada por el rechazo del perredismo radical, de origen comunista y guerrillero a esa postulación, que juzgan antinatural.

Cajón de sastre
Un grupo de ciudadanos, varios de ellos expertos en asuntos electorales -tanto que hubiera sido conveniente su atención a la convocatoria respectiva y su designación como consejeros del IFE (Clara Jusidman, Alberto Aziz, Lorenzo Córdova, Pedro Salazar, entre otros) instaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a lograr, en la ya demorada designación de tres consejeros, "el consenso más amplio entre las grandes corrientes políticas representadas en el Congreso", pues no es deseable que el trabajo de los árbitros "comience fracturado, desde el arranque, por la desafección de alguna de las fuerzas principales". Concluyen que "un arbitraje que no cuenta con el respaldo más amplio, acaba siendo vulnerado y vulnerable, y sus consecuencias son pagadas a la larga... por el conjunto de la sociedad mexicana".

miguelangel@granadoschapa.com