El caso Walmart

Una nueva trama de posible corrupción ocupó las páginas de algunos periódicos, tanto en Estados Unidos como en México. El asunto tuvo un espacio en la agenda de la opinión pública luego que el periódico New York Times informó que la subsidiaria en México de Walmart habría entregado sobornos a funcionarios mexicanos hasta por 24 millones de dólares.

Según la información publicada, Walmart habría pagado para que las autoridades no tomaran en cuenta aspectos de carácter ambiental en la aprobación de la ubicación de sus tiendas, además los funcionarios habrían agilizado la autorización de permisos y cambiado zonas en los mapas.

De acuerdo con la información difundida por medios impresos nacionales y extranjeros, Walmart inició una investigación que aparentemente no encontró culpables, sin embargo, tiempo después dejó de trabajar para el consorcio Sergio Cicero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Walmex y quien habría alertado sobre la corrupción.

El emporio de tiendas de autoservicio respondió al escándalo diciendo que las imputaciones, de ser ciertas, no reflejan la cultura de Walmart de México y Centroamérica.

El escándalo ventilado por el New York Times es una historia que en México suena muy familiar, incluso hay un término coloquial para referirse a ese tipo de situaciones: "aceitar la maquinaria".

Se presume que, en muchos casos, grandes grupos empresariales aceitan con billetes la lenta maquinaria burocrática para que funcione más rápido y sin trabas, aún y cuando eso implique pasar sobre disposiciones legales o reglamentarias.

El caso sirve para recordar que para la existencia de este tipo de corrupción, como en el baile, se necesitan dos y a veces más.

Comúnmente las personas piensan que la corrupción es una conducta exclusiva de los servidores públicos, sin embargo no es así, también la iniciativa privada sabe del tema, tanto en su relación con la burocracia como en su vida interna.

Es cierto que los grupos empresariales podrán argumentar que los usos y costumbres del servicio público en ciertos países los obligan a recurrir a esas prácticas, no obstante, lo que queda claro es un afán de lucro más allá de las leyes y de cualquier consideración relacionada con la responsabilidad social del sector empresarial. Quien tiene en su poder la llave, también puede decidir cerrar, cortar el flujo de efectivo a los servidores públicos que exigen dádivas o cuotas para tomar determinadas decisiones o realizar ciertas acciones fuera del marco legal.

Es claro que los gobiernos deben establecer políticas públicas para erradicar o al menos disminuir las prácticas de corrupción, pero también las empresas tienen responsabilidad en el tema, más allá de códigos de ética, enunciación de valores, misión y visión que se quedan en bonitas frases esculpidas en sus muros.

Además del cambio interno en empresas y gobiernos, el entorno social debe ser cada vez más estricto con este tipo de prácticas, es decir, debe haber un costo social a pagar para quienes incurren en actos de corrupción, además, por supuesto, de las sanciones legales correspondientes. En este sentido, una luz en el túnel es el retroceso que experimentó Walmart en la Bolsa Mexicana de Valores, durante la semana en que se dio el escándalo el consorcio tuvo una caída acumulada del 16 por ciento.

Al final del día el tema de la corrupción es un asunto de cultura; del mismo entorno social surgen tanto los servidores públicos, como los directivos de las empresas, es necesario que desde la familia cambie la forma en que se ve al mundo, la forma en que se interpreta lo que es socialmente permisible y lo que solo en apariencia es censurable.

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