Orden, orden y orden

Hay algo que cada día es más evidente: el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales no se están coordinando adecuadamente. Urge orden en su relación para los temas de seguridad pública, educación, salud, pobreza, y desde luego en el tema de las haciendas públicas. El gran perdedor de este desorden es el ciudadano y el desarrollo nacional. Las consecuencias están reflejándose en inseguridad, una competencia sinsentido de programas asistenciales y mala educación pública, por citar algunas.

De las reformas estructurales que no se habla es precisamente la del federalismo, que en palabras llanas y simples significa que los gobiernos federal, estatal y municipal, dispongan de un marco jurídico adecuado para servir mejor al ciudadano a través de una distribución de responsabilidades, competencias y medios financieros para cumplirlas.

Para empezar, nuestra Constitución establece lo que le corresponde al gobierno federal al definir las facultades de legislación del Congreso de la Unión. Al municipio le marca las funciones que tiene a su cargo, y a su vez le dice cómo y con qué financiarlas. A los gobiernos estatales y al del DF les define lo que tienen prohibido hacer y los límites a los cuales atenerse, por lo que también les corresponde lo que residualmente no quedó reservado para el gobierno federal y el de los municipios. En el caso de educación preescolar, primaria y secundaria se las encarga a los tres órdenes de gobierno, sin especificar cómo financiarlas.

Una competencia política mal entendida ha dado lugar a que nuestros gobernantes actúen como si existiera un ciudadano federal, otro estatal y uno diferente a los anteriores que atiende al municipio. Quienes nos gobiernan se han olvidado que su atención debe centrarse única y exclusivamente en el ciudadano, del cual sólo hay un tipo. Ello obliga a que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales se coordinen de la mejor manera posible para facilitarles la vida a las personas comunes y corrientes.

Entre los efectos secundarios del proceso de democratización del país, en algunos casos positivos, destaca el aumento en los reclamos que se hacen entre sí el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. Recordemos que esto era prácticamente imposible en las épocas del partido hegemónico.

El proceso de federalismo en los últimos 25 años ha sido accidentado, no ha habido un plan congruente con la realidad y las necesidades del ciudadano. En la administración del presidente López Portillo el clamor era por la desconcentración de servicios y trámites federales, cuando para tramitar un pasaporte había que venir al DF. Después vino la moda de la descentralización. Para ello fue indispensable acuñar primero nuestra propia palabra: "federalización", término que no reconoce la Real Academia Española y que no se usa en otros países de habla hispana. De ahí que ahora también se hable de "gasto federalizado". En 1992, para evitar un cambio constitucional, el gobierno federal firma acuerdos con los 31 gobiernos estatales para "federalizar" la educación básica. Le seguiría la salud en 1996. Posteriormente, para darle legalidad a las transferencias que el gobierno federal diera a los municipios (Fortamun), las cuales se condicionaron para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998, se modificó la Ley de Coordinación Fiscal. Ahí se agregó el capítulo de aportaciones federales.

México ha carecido de un auténtico proceso de búsqueda y encuentro de una mejor distribución de competencias y responsabilidades entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales.

Esto se ha reflejado en las continuas tensiones entre los distintos órdenes de gobierno en la relación de las haciendas públicas. Para que México funcione requiere orden, especialmente en la coordinación de sus gobiernos (federal, estatal y municipal). El procurar y generar condiciones para que prevalezca el orden es lo que los justifica.  

Jorge A. Chávez Presa