El pacto: ¿qué sigue?
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El Pacto por México es un documento programático de alta calidad. Hay en él compromisos por los que ha luchado la oposición y que servirán en el futuro para exigirle al gobierno su cumplimiento. Sin embargo, el pacto descuidó la narrativa, no fue acompañado de una estrategia de legitimación y a unos cuantos días ha provocado división en la izquierda, dudas en la derecha y contradicciones dentro del propio gobierno.
La congruencia entre lo que se dice y hace, el cuidado de las formas y los tiempos, lo son todo en la política. En un tiempo muy corto, el pacto ha perdido impacto y utilidad. Han surgido dudas sobre su viabilidad. Esto es grave, pues sin acuerdos políticos el horizonte para los próximos años sería de confrontaciones interminables. El problema principal no es que se deslegitime un pacto (todavía embrionario), sino que se desprestigie la política. Equivaldría a haber desperdiciado las cualidades curativas de un antibiótico, cuando se sabe que el enfermo lo necesita.
El pacto real era: reformas económicas estructurales, a cambio de reformas políticas democráticas. Por las propias restricciones políticas de los firmantes se tuvo que matizar la sustancia, con la ventaja de hacer posible su suscripción por la dirección del PRD, pero con la desventaja de la falta de claridad, cuando ésta lo es todo frente a las múltiples pruebas a superar respecto a su credibilidad. Habría sido mejor desagregarlo y construir su narrativa a partir de una secuencia de acuerdos parciales y hechos incuestionables (como la publicación de la Ley de Víctimas). Son los hechos, uno a uno, los que harán el pacto, no el listado de las intenciones.
En unos cuantos días el pacto podría quedar rebasado por la realidad. El gobierno, ante las primeras pruebas, no ha demostrado voluntad de apertura política, como ha ocurrido con el establecimiento de controles político-parlamentarios al proyecto de concentración de facultades -de política, seguridad y justicia- en la Secretaría de Gobernación, en franco contraste con lo que ocurre en los regímenes democráticos.
De mayor trascendencia es la necesidad de considerar un nuevo hecho político que viene a impactar el arranque del nuevo gobierno: la expresión endurecida de la inconformidad de un sector de la sociedad que "está más irritado que hace seis años por la impunidad y la falta de equidad electoral y que ha concluido que no sirve de nada manifestarse en contra".
Ante las reacciones violentas de inconformidad es crucial conducir los procesos caso por caso y con estricto apego al debido proceso legal. Pero en ningún momento puede perderse de vista que el cuerpo político y social está más enfermo de lo aceptado y que hay un sector de la población agraviado y dispuesto a escalar la confrontación contra el orden establecido. Dividir a la izquierda y cerrar los conductos del diálogo y de las reformas democráticas sería regresar el reloj a los tiempos de la confrontación autoritaria.
La reconciliación entre las élites políticas es indispensable, pero no es suficiente, si no incluye a los agraviados. La credibilidad del régimen y de sus líderes ante los inconformes es escasa o inexistente. Es irrecuperable mediante estrategias de publicidad o posicionamientos políticos. Sólo podrá mejorar mediante una serie de hechos sistemáticos que demuestren apertura.
El pacto es una puerta que debe abrirse ya. La llave la tiene la oposición política, hoy existente -con potencia legislativa- en el Senado. No bastará con tener la llave de la puerta. Hay que abrirla a los reclamos sentidos de los inconformes, para acercar las instituciones a la sociedad. Abrirla con una visión y voluntad democráticas que permitan construir, paso a paso, el prestigio de la autoridad y una nueva institucionalidad. Una que procese pacíficamente los enojos y dé tiempo de aprovechar una expectativa favorable a México dentro de la economía mundial.