Sociedad civil fuera del Pacto

Entre las organizaciones de la sociedad civil organizada (OSC), el Pacto por México provocó sorpresas en su mayoría positivas, porque reflejó en algunos temas las propuestas realizadas por desde la ciudadanía organizada para resolver la catástrofe educativa o para impulsar una reforma política más completa que la realizada el año pasado. No es exagerado asegurar que buena parte de los acuerdos del Pacto coincide con las propuestas de las 300 organizaciones que conformaron la Cumbre Ciudadana en julio de este año.

Sin embargo, ninguna de las 96 propuestas contempla el fortalecimiento de estas organizaciones que impulsan las reformas profundas que requiere el país. Visto desde la superficie puede parecer poco urgente, pero no podemos ignorar la ausencia de compromisos para el fortalecimiento de este sector. Quizá el vacío se debe al desconocimiento del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que parecen no haber aquilatado la necesidad de consolidar una sociedad civil organizada y fuerte para garantizar una vida plural y democrática.

Las OSC son vigilantes del Estado y la clase política, además son contrapeso de los poderes fácticos y el mercado, colaborando con el Estado para proteger su autonomía y mejorar su capacidad regulatoria.

Para fortalecer a las asociaciones civiles en México se requiere dar cuatro pasos. El primero implica realizar reformas al marco fiscal -en particular a la Ley de Impuesto sobre la Renta- para mejorar el acceso a donativos privados, sin costo fiscal para el Estado. Una demanda sustancial es que las organizaciones con inscripción vigente en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (o CLUNI) sean consideradas instituciones sin fines de lucro, sujetas a ciertas exenciones fiscales similares a los sindicatos, cámaras empresariales y asociaciones religiosas, así como la posibilidad de acceder de manera más expedita a la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos.

En segundo lugar se necesita eliminar una prohibición absurda, legado de un intento de armonización entre la legislación norteamericana y la mexicana que impide ser donataria autorizada a las organizaciones que dedican sus esfuerzos a promover leyes o reformas. Finalmente es una realidad que muchas OSCs aportan al trabajo legislativo y la definición de ciertas políticas públicas.

En tercera instancia es indispensable construir un marco jurídico de transparencia para la asignación y rendición de los fondos públicos que reciben las organizaciones. Se ha propuesto un sistema electrónico en el que los enlaces de las distintas dependencias responsables de la vinculación con organizaciones hagan pública la información y se establezcan criterios homogéneos de convocatorias, formatos y procesos de selección y rendición de cuentas.

Finalmente, hace falta un rediseño institucional en la administración pública federal para contar con una oficina que realmente tenga peso político, capacidad de coordinación transversal y legítima frente a la sociedad civil, además de enlaces responsables en las diversas dependencias.

No perdamos la esperanza de que desde el Poder Legislativo los partidos coloquen entre sus prioridades esta reforma integral. Representaría sin duda un beneficio colectivo y directo para la elaboración de diagnósticos y la generación de propuestas creativas y sustentadas que los propios partidos pueden utilizar para impulsar transformaciones sociales de la mano de la ciudadanía.

Comentarios: @maiteazuela