La reforma energética que necesitamos

Jorge A. Chávez Presa


Si nuestros políticos tienen la voluntad de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos requeridos para elevar sostenidamente los niveles de vida de la población, entonces tienen que mostrarlo. La mejor prueba será si los partidos presentan reformas al marco jurídico que dejen de ser más de lo mismo.

Continuar con los monopolios de Estado para satisfacer las necesidades de energía de las actividades productivas y de los hogares representa una severa restricción a la prosperidad. La reforma energética debe promover la competencia para que el Estado mexicano logre utilizar sus recursos con la mayor eficiencia. Quienes pretendan engañar a los mexicanos con que la reforma energética es entregar o regalar el patrimonio de la nación no sólo están equivocados, son demagogos. ¿Quién ha acusado al gobierno del DF de haber entregado la soberanía y el patrimonio al concesionar al sector privado vías rápidas de cuota para con ello lograr la construcción de infraestructura que hoy no se tendría y además no distrajo recursos públicos?

En el caso de los hidrocarburos, éstos pertenecen a la nación, o con más rigor al Estado mexicano. Recordemos que el párrafo 5° del artículo 27 de la CPEUM establece: ".corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental.; de todos los minerales o substancias en vetas, mantos.; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos." Ello tiene su antecedente en las Reales Ordenanzas para la Dirección, Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de la Minería de la Nueva España, publicadas en 1783 por la corona española.

De hecho, lo que hace la Constitución de 1917 es robustecer el artículo 27 de la Carta Magna de 1857 para darle nivel constitucional a lo que se consignaba en estas ordenanzas.

En éstas destaca el "Título 5º Del dominio radical de las Minas; de su concesión a los particulares; y del derecho que por esto deben pagar." El artículo 3° de dicho título, con su ortografía original, dice: "Esta concesión se entiende baxo de dos condiciones: la primera, que haya de contribuir à mi Real Hacienda la parte de metales señaladas y la segunda, que han de labrar y disfrutar las Minas cumpliendo lo prevenido en estas Ordenanzas, de tal suerte que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que asì se previniere, y puedan concedérsele à otro qualquiera que por este título las denunciare."

Todo esto tampoco era una innovación de la corona española, que en ese entonces exigía una reforma a sus finanzas públicas. Miles de años antes lo practicaron egipcios, asirios, griegos y romanos, como hoy lo practica todo Estado moderno en Canadá, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, etcétera.

La hazaña del general Cárdenas fue, ante todo, una manifestación de soberanía para hacer cumplir la ley. Ante la negativa de las empresas petrolerasde acatar el laudo de la Suprema de Corte para retribuir adecuadamente a los trabajadores petroleros, no quedó más alternativa que expropiar las instalaciones con las que extraían el crudo y cancelarles las concesiones. En ese entonces los hidrocarburos eran nuestros, como hoy lo son y deben seguir siendo.

Después de la histórica expropiación de las instalaciones de las empresas petroleras y de las concesiones de 1938 es cuando se introdujeron al marco jurídico las camisas de fuerza que hoy inmovilizan la exploración, extracción, transformación, transporte y distribución de los hidrocarburos.

La reforma energética definitivamente necesita de reformas constitucionales para reorganizar a todo el sector en favor de los mexicanos. Esto obliga a que obtengamos más beneficios de nuestros hidrocarburos y que se genere y distribuya adecuadamente la electricidad con tarifas competitivas. Los únicos monopolios en esta materia que deben conservarse y defenderse son el de la propiedad de los hidrocarburos, la red de transmisión y que la hacienda pública cobre por cuenta y orden del pueblo de México lo que corresponde. No se trata de vender Pemex ni la CFE. Sí que sean mucho más eficientes, y para ello es indispensable que compitan. Por ello es importante reformar la Constitución para transformarlos de organismos públicos descentralizados en empresas del Estado mexicano. Basta de tanto mito y medias verdades, exigimos una reforma energética que se refleje en las mesas y bolsillos de los mexicanos.