Impuesto a la Educación

Por ley, la educación pública es laica y gratuita. Se trata de uno de los grandes estandartes de la post revolución. La calidad de esa educación es arena de otro costal, controlada como está por uno de los ejemplos más conspicuos de un sindicalismo corrupto y corruptor. Por otro lado, la educación privada, bajo los dictados de la SEP complementa la cobertura de la demanda nacional de educación. Tienen acceso esta educación aquellas familias que pueden pagar por ella, --con poco, mucho o mediano esfuerzo-- y suelen preferirla quienes desean salvaguardar a su prole de los desmanes varios en que suelen incurrir no pocos profesores del sistema gratuito.

A través del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobierno Federal debe cubrir íntegramente los costos de la educación pública. Para atender a millones de niños, jóvenes y maestros, existe una enorme burocracia que se ocupa de todo, desde la construcción de escuelas, hasta del sindicato de maestros. Las directrices educativas se fijan en oficinas de la Ciudad de México y todos deben acatarlas. Es muy poco lo que puede aportarse localmente en contenidos, calidad y atención.

No obstante que es gratuita, el dinero siempre falta y de ahí que aparezcan cuotas escolares de diverso tipo, periodicidad y monto. La burocracia es tan ineficiente para administrar el dinero público, que siempre encontramos escuelas deterioradas y mal atendidas. En ese panorama, el papel de los padres de familia es muy limitado. Se les invita sólo cuando falta dinero,-aunque lo hay en suficiencia-; empero, por alguna razón llamada corrupción, simplemente no llega a su destino y, cuando llega, sus efectos no se notan.

La educación privada suele ser otra cosa, si bien debe acatar los dictados de la SEP, tienen manga ancha en lo que hace a la atención personalizada del alumnado. De tarde en tarde, llega un inspector que verifica trámites, papeles y lineamientos burocráticos, se asegura de que todo esté en orden y que los cursos sean adecuados, conforme a los dictados de la SEP, la ley y el sentido común. Este tipo de educación puede o no tener un complemento religioso, pero en todos los casos los padres de familia sí juegan un papel fundamental, desde pagar colegiaturas y auxiliar o asesorar a escuelas, maestros y directivos; hasta sostener patronatos y consejos. La educación privada en México es imprescindible; si no existiera, el Gobierno sería incapaz para atender a los alumnos de las escuelas privadas.

A pesar de todo ello, la propuesta de Reforma Hacendaria que envió al Congreso el Presidente Peña Nieto, no sólo persiste en defender el mal manejo del dinero público destinado a las escuelas oficiales; ataca además, sin misericordia, a la educación privada, para obtener de ésta recursos a través de más y mayores impuestos. La propuesta es tan absurda que hasta el partido del Presidente tuvo que marcar sus distancias.

Si se trató de una moneda en la negociación con la CNTE, sin duda fue una broma muy mala, contra quienes pagan escuela privada, que suelen ser las clases medias, puntuales en el pago de sus impuestos y de sus colegiaturas.

Tanto las escuelas públicas, como las privadas precisan de un verdadero compromiso por parte del gobierno, pero es tan grande su temor al SNTE, que se olvida de pensar fuera de la caja y de crear alternativas inteligentes que fortalezcan las finanzas de la educación, para mejorar sus condiciones, infraestructura y sueldos y lograr así el objetivo, hoy inalcanzable, de calidad educativa. No se necesita inventar el hilo negro, varios países ya lo han hecho: Reconocer que los padres de familia son los más interesados en que niños y jóvenes reciban una buena educación y en que sus maestros estén bien preparados. No Peña Nieto, ni el SNTE, ni la CNTE, ni el gobernador de Coahuila, ni la burocracia. Quienes tienen un interés genuino y enorme por una buena educación son papá y mamá.

La educación privada, en lugar de mayores impuestos, merece que el pago de cuotas y colegiaturas sea 100 por ciento deducible, así los padres de familia tendrán más incentivos para procurar la mejor educación para sus hijos; y las escuelas privadas dispondrán de mayores recursos para aplicarlos a la educación de generaciones enteras de niños y jóvenes. Un gobierno con visión sabe que la educación de calidad merece deducciones de impuestos y toda clase de estímulos, porque es la clave del impulso que México requiere para prepararse, ser mejor y competir con éxito en el mundo. A final de cuentas, esas deducciones regresarán al gobierno vía consumo, generador de empleo, riqueza y más impuestos.

A la escuela pública le vendría bien la exitosa receta vigente en EU: Destinar el 100 por ciento del impuesto predial, que es municipal, a infraestructura educativa, como un recurso manejado por los padres de familia, organizados en juntas de distritos escolares; y no por los burócratas o líderes charros. El predial se paga poco, porque los gobiernos municipales no lo cobran bien y el ciudadano no tiene incentivos para pagarlo. Siente que su dinero no se utiliza bien y suele desconfiar del Alcalde. Destinar el predial a infraestructura educativa no afecta a la burocracia y puede ser compatible con lo que ya existe hoy , pero supone que el Gobierno pierde el control. Al final se trata de más sociedad y menos gobierno, como debe ser en un país democrático.

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