Un camino seguro y sin retorno

Ana Lilia Herrera Anzaldo

En medio de resistencias, suspicacias justificadas y expertos en la especulación, el Estado mexicano ha emprendido una batalla frontal contra el crimen organizado, privilegiando la inteligencia y la coordinación, frente a la violencia y el protagonismo del pasado.

Muchos de los análisis y las notas sobre la detención de Joaquín Guzmán Loera por parte del gobierno del presidente Enrique Peña, pretenden minimizar el hecho sembrando dudas en torno a la identidad de El Chapo, dando voz y cargos no sólo incorrectos, sino ya inexistentes a quienes no tienen manera de probar sus dichos o, simplemente, afirmando que una golondrina no hace verano.

De acuerdo, falta por investigar, sancionar y mucho más que hacer para erradicar el mal de nuestra sociedad. Lo que no podemos permitir a los expertos del regateo es que ignoren los resultados que, a poco más de un año, México tiene en el fortalecimiento de su marco legal contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, uno de los desafíos más urgentes no sólo para nuestro país, sino para el mundo entero.

Un país con 53.3 millones de personas pobres, una percepción cotidiana y generalizada de la corrupción y niveles de impunidad superiores al 95% según estudiosos del tema, tiene el reto de construir normas de control más eficientes contra todo tipo de actividades ilícitas, sin dejar de avanzar en el aún largo camino por recorrer, en materia de protección a los derechos humanos.

Actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero o el terrorismo encuentran en la pobreza, la corrupción y la impunidad un campo fértil para desarrollarse, en detrimento no sólo del tejido social, sino de la seguridad nacional y la global.

Al respecto, vale recordar que desde el año 2000 México es miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), el principal organismo internacional en prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, cuyas recomendaciones a la fecha han sido avaladas por más de 180 países.

En 2008, el GAFI evaluó a México y determinó que cumplía sólo parcialmente sus recomendaciones, por lo que emitió 137 observaciones y lo incorporó a un proceso de seguimiento con un plazo no mayor a 5 años, y el riesgo de incluirlo en una lista pública de países con deficiencias estratégicas y riesgosas para el sistema financiero global, lo que habría impactado en las inversiones extranjeras y por ende en la economía nacional.

Así, llegamos al último trimestre de 2012 con avances para atender las observaciones del organismo, sí, pero con deficiencias consideradas como fundamentales y clave. Con la voluntad de todas las fuerzas políticas y desde los últimos meses de 2012, la actual legislatura aprobó mecanismos legales como la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la de Instituciones de Crédito; la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; la del Mercado de Valores; para Regular las Sociedades de Información Crediticia, por mencionar algunas.

Este mes, se aprobó la iniciativa enviada por el Presidente de la República para reformar el Código Penal Federal, con lo que México cumple todas sus recomendaciones, podrá salir del proceso de seguimiento de GAFI, además de tener un sólido marco legal para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado y a la inseguridad.

La detención de Guzmán es muy relevante, pero es un eslabón más de lo que se ha convertido en un propósito concatenado de esta administración: recuperar el Estado de Derecho, porque tanto la popularidad como el denuesto sin base y como un fin en sí mismos, sólo debilitan a las instituciones.

@analiliaherrera