Te lo dije. Te lo dije

Leonardo Valdés Zurita





Si, como en el promocional del IFE cuandovencido el plazo para renovar la credencial se le recriminaba alomiso. De nuevo nuestro Congreso (nuestro, pues nosotros lo elegimos)terminó el periodo ordinario de sesiones sin cumplir con loscompromisos autoimpuestos. Nadie, hasta donde yo tengo información,le obligó a incluir en la reforma político-electoral un transitorioque estableciera que las leyes secundarias estarían aprobadas antesdel 30 de abril de este año.

El plazo parecía razonable, en dos sentidos.Por un lado, parecía suficiente (con la reforma constitucionalaprobada en el último trimestre del año pasado) para que lostécnicos (y también los rudos) de los partidos, del gobierno y delos grupos parlamentarios, hicieran el esfuerzo por construir losconsensos necesarios para redactar leyes sencillas y eficientes. Porotro, ante el hecho de que la norma constitucional que establece quelas reformas a las leyes electorales que se realicen en el trimestreprevio al inicio de un proceso electoral, se aplicarán hasta elsiguiente, continuó vigente, parecía prudente dotar al flamanteInstituto Nacional Electoral del material legislativo que lepermitiera construir su normatividad interna antes del inicio delproceso electoral 2014-2015.

También parecía del todo razonable lapromulgación de una ley general de partidos que, entre otras cosas,incluyera estímulos democratizadores a la vida política interna deesas entidades de interés público. Daba la misma apariencia laconformación de un código nacional de procedimientos electorales,que llevara al nivel municipal y local los altos niveles de equidad ycerteza que ya alcanzaron nuestras elecciones federales. Y,finalmente, parecía pertinente conformar una autoridad nacional quese dedicara a la aplicación de esos marcos normativos.

Eran tres buenas ideas, como me permitíargumentar en estas páginas, cuando el 2 de septiembre de 2012, seincluyeron en el Pacto por México.

Lo que tenemos (o no tenemos) ahora, despuésde que durante 19 meses, los técnicos y rudos debían aplicarse enla realización de su trabajo, está muy lejos de esas buenas ideas.Empezaron por el final (también lo dije en estas páginas) yconformaron una autoridad electoral que, en el peor de los mundosposibles, convive con autoridades electorales locales y no cuenta conun claro catálogo de facultades que le permitan hacerse cargo de losprocesos electorales locales. El código de procedimientos, alparecer, es algo mucho más abigarrado de lo que se requiere paraorganizar procesos electorales equitativos. De la ley de partidos, alparecer, ya ni hablamos.

¿Por qué? También lo dije en estas páginas.La democracia consensual es de mayor calidad que la mayoritaria. Nocabe duda de ello y de que esa fue la inspiración del Pacto y, enprincipio, de las reformas constitucionales en la materia electoral,pero también, en otras. El problema es que para culminar una obraconstruida por consenso, hace falta mucha responsabilidad paraaceptar que los parámetros de la negociación están ya acotados yque no se puede abrir de nuevo cada asunto para volver a discutir loya pactado. Al parecer el compromiso alcanzado por consenso, le quedógrande a la capacidad de resolver cada asunto en sus términos y porsus méritos. Eso se empezó a vislumbrar cuando un dirigente departido estableció que para que se aprobara una reforma eranecesario que saliera la político-electoral.

Lo lamento, pero: te lo dije. Te lo dije.

(El autor es exconsejero presidente del IFE)