4T: El movimiento tiene dueño

Morena transita por un proceso acelerado de descomposición. Trascendentes e impactantes son las revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien se refiere al contrabando de combustibles como un esquema de financiamiento promovido, consentido o tolerado por la Presidencia de la República. Imposible que las acciones de Gonzalo López Beltrán y de Jesús Ramírez Cuevas no fueran del conocimiento del presidente.

También destaca la aprehensión del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera. Representa la primera acción penal contra un funcionario morenista electo de importante jerarquía. La remoción accidentada de Marx Arriaga se inscribe en este mismo proceso. Su resistencia pública, precedida de su ataque al secretario de Educación, revela un ambiente de confrontación entre los sectores más duros. Si no están dispuestos a dejar un cargo, menos lo estarán para abandonar el poder.

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Hay quienes asumen como hilo conductor la intención de la presidenta Sheinbaum de ejercer el poder presidencial a plenitud, como un acto de emancipación del pasado y de la influencia de su antecesor. Sin embargo, aunque la descomposición es real y el tiempo conspira contra Morena, el análisis no resiste la tesis de una Presidenta decidida a romper. En el imaginario conspiratorio, tan naturalizado entre políticos y analistas, todo es complot: no hay espacio para el accidente ni para comprender la complejidad de las circunstancias y la concurrencia de procesos que impactan y condicionan al poder presidencial.

El caso de Tequila, Jalisco, muestra una decisión presidencial forzada por las circunstancias. Los denunciantes afectados tenían el músculo suficiente para movilizar la gestión diplomática norteamericana, en un contexto donde el presidente Donald Trump, sus colaboradores y parte importante de la clase política y mediática estadounidense suscriben la tesis de que en México mandan los narcotraficantes. ¿Qué mejor evidencia que la del alcalde narcoextorsionador? Su aprehensión, más que acto de justicia, fue una decisión política obligada por las circunstancias.

La remoción de Marx Arriaga fue provocada por él mismo. Su postura contra el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su antecesora constituía una afrenta imposible de dejar pasar; implicaba una rebelión contra la propia presidenta Sheinbaum, quien señaló como causa del desencuentro la resistencia del funcionario a modificar el contenido de los libros de texto para incluir referencias a mujeres de relieve histórico, y destacó que se le ofreció un cargo diplomático. Es cuestión de días, quizás horas, para que el rebelde asuma su derrota.

Las revelaciones contra Jesús Ramírez Cuevas tienen otra dimensión y no remiten a una supuesta voluntad presidencial de romper con el antecesor. Críticos y defensores del régimen coinciden en juzgar a los autores, sus antecedentes y sus supuestas intenciones. Especulación pura. Relevante es quién lo dice, por su estrecha cercanía personal y profesional con López Obrador, que se refuerza por el contenido de su testimonio y, en particular, por el extravío ético del proyecto político desde el momento en que se llegó al poder. No tanto por la costosa y absurda cancelación del aeropuerto de Texcoco, sino por la decisión de militarizar la seguridad y la vida pública, involucrando a los militares en tareas ajenas a su naturaleza y conduciéndolos intencionalmente a la corrupción, como lo prueban el contrabando de combustibles y la obra pública.

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La realidad: el dueño del movimiento político es Andrés Manuel López Obrador. Quien ganó en 2024 no fue sólo una Presidenta, sino un grupo que invoca la propiedad del pedazo de pastel que le corresponde. Se trata de un poder político fracturado, cuyo único factor de cohesión está fuera del gobierno, pero en el centro de la política. Claudia Sheinbaum ha entendido y actuado en consecuencia, aunque no en todo. Un ejemplo es la decisión de nombrar a un civil de su absoluta confianza al frente de la estrategia de seguridad pública, su acción de mayor independencia y con consecuencias significativas.

En todo caso, las presiones propias del ejercicio del gobierno la obligan a actuar. Quienes anticipan una ruptura entre la Presidenta y su antecesor seguirán esperando. La pregunta obligada es si el dueño del proyecto resistirá las decisiones políticas derivadas de la necesidad de gobernar. La prueba mayor vendrá en la selección de candidatos, momento en el que se decantan los intereses en disputa, que exceden por mucho a la Presidenta y a su antecesor. El resultado electoral se perfila como una noche de cuchillos largos para saldar cuentas entre unos y otros.