A 15 años de ‘Presunto Culpable’

Me recuerda Facebook que hace quince años subí a la tribuna de la Cámara de Diputados para sumarme a la ola de elogios de todos los partidos políticos al documental “Presunto Culpable”, que cimbró a México y exhibió las enormes fallas del sistema de justicia penal. Un principio general del derecho dice que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario; en México, la práctica se impone al revés: se presume culpable al acusado hasta que este demuestre su inocencia. Resultado: cárceles llenas, impunidad cercana al 98 por ciento y una cifra negra de delitos que hoy ronda el 90 por ciento; hace 15 años era de 75 por ciento.

La lógica debiera ser simple: al Estado, a la autoridad y a la fiscalía les pagamos para que nos protejan. Para lograrlo, deben ubicar y capturar delincuentes y aplicarles el castigo previsto en la ley. La regla de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario existe para que no paguen justos por pecadores; para que las personas detenidas sean realmente quienes cometieron el delito y no víctimas de un caso fabricado para apaciguar a las verdaderas víctimas, a sus familias, a la comunidad o a los medios. De lo contrario, los fiscales –antes ministerios públicos– acumulan un poder enorme. Tienen el incentivo de trabajar e investigar poco, pero también el de abusar y corromperse. Al pasarle la bolita al inculpado, se lavan las manos y no pagan las consecuencias de acusar en falso.

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La presunción de inocencia se formula desde el siglo 18 y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México, su reconocimiento constitucional llegó de manera limitada hasta 2008, y lo poco que se avanzó sufrió una regresión en 2019, cuando se amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa: primero cárcel, después el inculpado debe demostrar que es inocente.

En aquella intervención en la Cámara llamé a no quedarnos en los buenos deseos y propuse aprobar el Código de Procedimientos Penales que dormía en la congeladora legislativa. El llamado mío, de la sociedad y de quienes hicieron el documental fue ignorado. La justicia penal fue “tema de moda”, pero la preocupación nunca se tradujo en la ocupación de impulsar las reformas necesarias.

En 2021, el mismo productor lanzó “Duda Razonable: Historia de Dos Secuestros”. La duda razonable es otro principio añejo: no se puede condenar a alguien si su culpabilidad no está demostrada más allá de toda duda razonable. Si hay duda, no se debe privar de la libertad. Probar la culpabilidad es trabajo de la Fiscalía frente a un juez: para eso investiga, para eso recibe decenas de millones de pesos al año, para eso se le paga a gente formada en la materia. Al final del día, queremos a los delincuentes en la cárcel, no a los inocentes.

En “Presunto Culpable”, José Antonio Zúñiga fue acusado falsamente de homicidio; sin esos abogados con iniciativa e ingenio, habría pasado 20 años en prisión. En “Duda Razonable”, la trama gira en torno a tres hombres falsamente acusados de secuestro en el Tabasco de Adán Augusto López. Fueron liberados hasta 2022 por sentencia de la Suprema Corte.

Ya son 15 años de aquel 2011, aunque la lucha empezó antes, en una oficina de la presidencia de Vicente Fox, encabezada por Bernardo León, entonces jefe de Proyectos de Innovación. Antes hubo esfuerzos importantes, en los noventa, con Renace, en Nuevo León, que defendía a personas encarceladas sin pruebas. Son más de 26 años de lucha heroica de mexicanos que piden una justicia penal efectiva, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Hubo avances, seguidos de enormes retrocesos, el último en 2019.

Irónicamente, la misma autoridad que presume ir tras los delincuentes con todo el poder del Estado y reclama que el Poder Judicial y los derechos humanos “no estorben”, es la que no logra abatir la curva ascendente de homicidios y delitos en general. Es la misma responsable del 98 por ciento de impunidad y del 90 por ciento de delitos no denunciados, y de que la sociedad no confíe en el aparato de justicia penal, federal o estatal.

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Le pregunté a Bernardo León su opinión y me dijo: “El mayor fracaso es la prisión preventiva oficiosa y la cifra negra”. Hubo regresión en una e incremento en la otra. ¿Qué hacer ante estos números? Su respuesta fue sencilla: “Hay que seguir, donde y como se pueda. Nunca hay que parar (de luchar)”.

No le busquemos, todos los partidos y gobiernos tienen responsabilidad; ninguno se libra. Aunque en cada uno hubo quien quiso dar la batalla contra este interés, corrupto y corruptor, que resiste, cual dinosaurio que se aferra a su privilegio. También hubo quienes desde fuera de México quisieron apoyar, organismos internacionales y países democráticos. Estábamos en la transición de un sistema autoritario a una democracia. Una institución fundamental de ese autoritarismo era el sistema penal autoritario. Como otras, se ha resistido a morir; parece que va ganando y por momentos parece invencible. Lo cierto es que, al final, sin un sistema de justicia penal que funcione, nada de lo que se haga o se gaste –por miles de millones y fuerza bruta– va a funcionar. Seguirá la corrupción, que es un delito, y la pérdida de vidas. Hay que seguir luchando. Sólo está derrotado el que ha dejado de luchar.

Facebook: Chuy Ramírez