Abuso policial, un problema preocupante en Coahuila

“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”.

La frase anterior forma parte de uno de los informes a través de los cuales la organización civil México Evalúa ha revisado la operación del sistema de justicia penal en nuestro país. Los reportes tienen el propósito de señalar las áreas de oportunidad existentes para que el modelo mejore.

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Uno de los apartados de dichos informes pone el énfasis en la actuación policial, específicamente en lo relativo a las detenciones “ilegales”, es decir, aquellas que se realizan al margen de los procedimientos que establece la ley.

Y aunque los informes de la referida organización señalan que Coahuila tiene una tasa de detenciones ilegales inferior a la media nacional, estadísticas del Poder Judicial dejan claro que esta conducta es común entre los elementos policiales de las distintas corporaciones que operan en la entidad.

Como lo reportamos en esta edición, entre 2019 y 2023 los jueces de control de Coahuila han dictaminado en casi 4 mil ocasiones que las personas presentadas ante ellos fueron detenidas sin seguir los protocolos vigentes.

Peor aún: en más de la mitad de los casos señalados la autoridad jurisdiccional ni siquiera ha podido identificar a la corporación que realizó el arresto, lo cual dibuja una realidad marcada por el exceso en la actuación de las policías coahuilenses durante el citado periodo.

Otro dato que preocupa de las estadísticas judiciales tiene que ver con el hecho de que las policías que han incurrido en detenciones ilegales han sido acusadas también de incurrir en delitos como el allanamiento, las lesiones y la tortura durante los arrestos.

En el marco de la reforma judicial propuesta por el Gobierno de la República y sobre la cual se delibera hoy en el país, los datos sobre detenciones ilegales obligan a recuperar señalamientos que han sido realizados, entre otras voces, por la organización México Evalúa.

Esta ha dicho que no es posible pensar en una reforma para garantizar la justicia si no pasa por el análisis del trabajo de las fiscalías del país, pues “los pobres resultados, alcanzados en especial por las fiscalías, provocan que los ciudadanos enfrenten más costos que beneficios al denunciar”, lo cual se traduce en un hecho alarmante: 90 por ciento de los delitos no son denunciados en México.

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La deficiente actuación de las fiscalías está directamente relacionada con la estadística sobre detenciones ilegales, pues cada vez que un juez libera a una persona por fallas en el debido proceso, lo que se está diciendo es que la fiscalía que judicializa el caso no se aseguró primero de que la detención hubiera sido legalmente realizada.

Estamos no solamente ante un reto que deben enfrentar las corporaciones policiales y las fiscalías, sino ante un compromiso con el respeto a los derechos individuales que dichas autoridades deben asumir sin ambigüedades.