Jueces de Coahuila no informan a qué corporaciones se le atribuyen más del 50 por ciento de detenciones ilegales

A pesar de que las detenciones acreditadas como ilegales han prevalecido, documentos del Poder Judicial de Coahuila indican que en al menos 53 por ciento de estos casos, la autoridad judicial no ha reportado cuáles son las corporaciones policiacas que han violentado los derechos de personas que han sido señaladas de algún delito en el Estado.

De acuerdo con información solicitada ante el Poder Judicial de Coahuila, entre el 2019 y el 2023, los jueces de control de Coahuila han identificado por lo menos tres mil 897 casos donde autoridades policiacas o de procuración de justicia han detenido a cuatro mil 639 personas de forma ilegal.

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Las detenciones ilegales que son al menos 1 de cada 10 en Coahuila según la estadística, son determinadas así por los jueces de control, siempre y cuando se identifique que la autoridad que detuvo no cumplió con diversos parámetros establecidos en la ley, como leer los derechos de la persona, informar lo que está ocurriendo, contar con una orden para retirar a la persona de un lugar privado, acreditar la flagrancia, o incluso informar de manera inmediata que una persona ya está a disposición de una autoridad.

Estos actos donde incluso las corporaciones policiacas han sido acusadas no solo por detener ilegalmente sino por cometer otros delitos durante el hecho como el allanamiento, las lesiones y la tortura, han tenido una disminución del 2019 al 2023; sin embargo, los datos informan que en el año anterior, la incidencia registró un incremento en comparación de los otros.

Según los datos, durante el 2019, los jueces de control dictaminaron detención ilegal en mil 984 casos que llegaron ante la autoridad judicial, en el 2020, este indicador se fue a 670, luego en 2021 a 538, en el 2022 a 654 y en el 2023 otra vez la incidencia incrementó hacia 793.

El informe presentado por el Poder Judicial vía transparencia, indica que entre las corporaciones policiacas que han sido señaladas durante las audiencias, se encuentran policías municipales, estatales, policías investigadores o agentes de investigación criminal, ministerios públicos.

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Sin embargo, en dos mil 94 casos que representan al 53 por ciento de las detenciones ilegales, el Poder Judicial reportó como “sin dato”, o “vacío”, el registro donde se señala a la corporación causante de la misma.

Las detenciones ilegales han sido resaltadas por organizaciones civiles como México Evalúa como de suma importancia, puesto que además de que se atenta contra el debido proceso, logra identificar fallas en el funcionariado que persigue delitos, además de que el hecho de que la detención sea ilegal no significa que la persona necesariamente sea libre de la comisión del delito.

“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”, dijo la organización en uno de sus informes de Hallazgos.

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Entre los datos de las detenciones ilegales donde no se informa sobre la autoridad que la cometió, el Poder Judicial detalla que las personas quienes han sido puestas de inmediato en libertad tras acreditar que no se cumplió con el debido proceso, habían sido señaladas de delitos que van desde la posesión de narcóticos y el comercio, hasta el halconeo, abusos y violaciones sexuales, privaciones de la libertad, robos, fraudes e incluso, actos de corrupción.

En cinco años, los distritos judiciales donde más se registraron detenciones ilegales fueron Saltillo y Torreón con mil 716 y mil 891 casos, y después se encuentra el distrito de Río Grande (en la región Norte) con 388 casos, el de San Pedro con 317, el de Acuña con 177, en de la Carbonífera con 100 y el de Monclova con otras 50.