Gozar de un clima general de paz y seguridad que permita a la ciudadanía desarrollar sus actividades cotidianas sin el temor constante de ser víctima de un delito o verse envuelta en un episodio violento en las calles de cualquier ciudad, sin duda es muy importante. Y ese es un bien que la ciudadanía de Coahuila aprecia porque conoce el costo de no tenerlo.
Sin embargo, la paz pública no puede obtenerse a cualquier precio ni, a partir de su búsqueda, justificarse cualquier comportamiento de quienes integran las instituciones policiales responsables de garantizar la seguridad.
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Y esto es así porque en las sociedades democráticas la conquista de la paz social y la instauración de un modelo de seguridad pública útil a la ciudadanía solamente puede lograrse con base en el respeto a las normas, lo cual implica, entre otras cosas, la existencia de mecanismos para la contención y castigo de los excesos por parte de los agentes del Estado.
Porque de muy poco −o nada− sirve el reducir los índices de inseguridad si ello se logra a costa de instaurar una cultura de abusos entre quienes tienen como principal tarea el protegernos, encomienda para la cual les hemos entregado el monopolio del uso de la fuerza.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al incremento que, durante el presente año, ha experimentado el número de investigaciones por presunta tortura policial, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Coahuila.
El dato es, a cual más, preocupante: de acuerdo con el último informe anual de la gestión de Gerardo Márquez Guevara, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos por Agentes del Estado reportó, en el periodo enero-agosto de 2024, el inicio de 76 carpetas de investigación por hechos considerados como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En comparación, durante todo el año pasado solamente se abrieron 39 investigaciones por estos mismos delitos.
Adicionalmente, en el año se abrieron otras 159 carpetas por el delito de abuso violento de autoridad. En la estadística, de acuerdo con la FGE, están involucradas todas las corporaciones policiacas de la entidad, incluyendo las municipales, estatales y agentes de la misma Fiscalía.
El discurso oficial de las autoridades estatales ha estado marcado, en los últimos años, por referencias puntuales y sistemáticas a la existencia de un compromiso con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos. El deterioro de variables como las señaladas, no parece reflejar el citado compromiso y, más bien, evidencia lo mucho que hace falta por hacer.
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Siempre resulta tentador pensar que algún exceso podrán cometer los agentes de seguridad y que este puede disculparse si en el ambiente existe una percepción de seguridad generalizada. La historia ha demostrado sobradamente que, por muy tentador que resulte, el argumento es falso.
Porque permitir cualquier exceso no solamente le resta mérito a los logros, sino que tarde o temprano se convierte en un elemento que atenta contra las libertades ciudadanas.
