Fraudes inmobiliarios: ¿se van a combatir de verdad?
El problema central en torno a la comisión de cualquier delito, se ha dicho en todas las formas y tonos posibles, tiene que ver con la impunidad. Y es que no existe mayor incentivo para que las conductas antisociales se multipliquen que el hecho de constatar cotidianamente que quienes incurren en ellas no reciben el castigo correspondiente.
Sin embargo, es necesario decir que no todas las impunidades son iguales, pues incluso en este aspecto existen grados y, en este sentido, podemos distinguir al menos tres tipos de impunidad:
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La primera es la causada por la incompetencia de quienes deben investigar, perseguir y castigar las conductas delictivas; la segunda es la provocada por la corrupción, es decir, por la complicidad de ciertas autoridades a cambio de una parte del botín y, finalmente, la que podemos considerar como la más dañina: la provocada por la participación de agentes públicos en la actividad delictiva.
Identificar con claridad las diferentes causas de la impunidad es importante porque, como ya se ha señalado, no producen los mismos efectos y tampoco se corrigen con las mismas herramientas.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al “Caso Lizeth”, sobre el cual hemos informado de forma amplia desde que surgió a la luz pública.
Como síntesis apretada del caso podemos decir que en la Región Sureste de Coahuila comenzaron a conocerse denuncias en relación a casos de fraude inmobiliario en los cuales se identificaba a una mujer que, lo mismo se hacía pasar por propietaria de terrenos y casas, que asumía la posición de una agente inmobiliaria para defraudar a sus “clientes”.
La estafadora en serie acumuló un total de 60 denuncias penales, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Coahuila, la mitad de las cuales ya han sido judicializadas. Ayer, un juez de primera instancia la declaró culpable en cuatro de estas causas.
En torno a este caso debe señalarse, como aspecto destacado, que el modus operandi de Lizeth resulta imposible sin la complicidad de servidores públicos ubicados en distintas dependencias de los órdenes municipal y estatal de gobierno, así como de fedatarios públicos.
Hacer hincapié en esta circunstancia es obligado porque la única forma de garantizar que este tipo de conducta sea combatida con eficacia es que las investigaciones lleguen hasta el último servidor público que haya participado en estos casos.
El propio abogado de la imputada lo señaló ayer, antes de escuchar la sentencia del juez: su cliente, dijo, no puede considerarse como autora única en estos casos, ya que en las ventas de los lotes y casas los compradores realizaban trámites con notarios y abogados.
Cabría esperar que, con la finalidad de evitar la impunidad, la Fiscalía General de Coahuila persiga también a quienes formaban parte de la red de complicidad de Lizeth.
