Hay afirmaciones que sólo complican las cosas. A veces se dicen sin un razonamiento lógico previo. En otras ocasiones dichas afirmaciones son producto de la ira de quien las pronuncia. También hay quienes cumplen las órdenes de algún superior y hacen aseveraciones que generan un gran revuelo político, económico o social.
En un arranque de rabia por ya no poder manejar a su antojo al Poder Judicial, el presidente López Obrador hizo una declaración que a muchos nos dejó pasmados, estupefactos, turulatos, atónitos, patidifusos y, lo que es peor, anonadados. Y no fue para menos, pues quien hacía poco más de cinco años había jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, estalló iracundo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmando: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
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Desde ese momento ha soñado con los tiempos de luna de miel en que su incondicional, el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, cumplía todos sus antojos y sin quitarle una coma siquiera a sus imposiciones legales. Todo fue distinto con la llegada de Norma Piña, quien se ha erigido como un verdadero contrapeso legal frente a un presidente caprichoso, corrupto, mentiroso, inhumano, despilfarrador y, encima de todo, delincuente.
Ante esta situación, su hasta ahora títere Claudia Sheinbaum ha afirmado que a México le espera el segundo piso de la transformación. ¿En qué consiste? En acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación y de la SCJN, sometiendo a elección popular a todo aquel que aspire a ser juez o jueza, magistrado, ministra o ministro. No quiero imaginarme a un candidato a juez surgido por tómbola o a una magistrada presidenta de la SCJN cuya campaña sea financiada por un grupo delictivo.
Por otro lado, es prácticamente un hecho que ese segundo piso de la transformación acabe con organismos independientes como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), el cual nació para combatir la opacidad oficial y la corrupción; o como el Instituto Nacional Electoral (INE), que, según ha dicho el propio AMLO, regresaría a ser un organismo controlado por la secretaría de Gobernación, como en los tiempos en que Manuel Bartlett “tiró el sistema” y le arrebatara el triunfo electoral a Cuauhtémoc Cárdenas.
Otra declaración que resultó detonante de una gran injusticia fue la que hizo, violando toda ley electoral, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Tras la jornada del pasado 2 de junio, la funcionaria morenista se entrometió en las labores del INE ofreciendo su interpretación de la ley y afirmó, por órdenes presidenciales, que Morena y sus aliados obtendrían el 74 por ciento de las curules, es decir, completarían dos terceras partes del Congreso federal, con lo cual pueden hacer todas las reformas constitucionales que se les antojen. ¿Cómo es posible tal aseveración luego que la coalición encabezada por Morena obtuvo el 54 por ciento de los votos?
Como sabemos, en el Congreso hay dos tipos de diputados. Uno es el que recibió la mayoría de los votos en su distrito. Y el otro es el de mayoría proporcional o plurinominal. Sumando a ambos, ningún partido puede tener más de 300 diputados. Tomando en cuenta que Morena formó una coalición en la elección en 260 de los 300 distritos electorales con el Partido Verde y el PT, debería analizarse el voto real que obtuvo cada partido el pasado 2 de junio. De esos 260 distritos, Morena y su coalición ganó en 256 y, viendo los resultados partido por partido, llegamos a la siguiente conclusión: el PT por sí mismo no ganó ni un solo distrito; el Partido Verde únicamente ganó en tres distritos, y Morena ganó en 253 distritos.
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Pero según la versión de la secretaria de Gobernación, Morena ganó en 161 distritos, el PT en 38, y el verde en 57 distritos, lo cual le permitiría a Morena obtener 87 escaños por la vía plurinominal, es decir, un total de 248 diputados en total; el PT obtendría 12 escaños por representación proporcional, es decir, 50 diputados totales cuando no ganó en un solo distrito; y el verde obtendría 18 plurinominales, es decir, 75 escaños cuando sólo triunfó en 3 distritos.
Este cálculo de sobrerrepresentación de Luisa María Alcalde, quien se extralimitó de sus funciones como secretaria de Gobernación, seguramente se convertirán una orden directa del presidente López a Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE, quien hasta ahora no se ha atrevido a mover los cálculos oficialistas. Es decir, que la tan mentada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, en realidad se convertirá en una “sobrerrepresión” al pueblo de México, que perderá a los únicos organismos que nos hacían vivir en una democracia y en una fingida división de los poderes de la Unión que, cuando menos en el caso de la SCJN, significaba un contrapeso al enorme poder presidencial.
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