Agresión sexual a menores: una estadística en aumento

La denuncia de agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad, lo hemos señalado en demasiadas ocasiones, es un fenómeno cuyo crecimiento tendría que indignarnos a todos. La estadística estatal es realmente alarmante y signo de que no se está haciendo nada –nada eficaz, al menos– para contener esta conducta.

De acuerdo con datos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que va de 2022 se han recibido 735 denuncias de este tipo, en las cuales el 90 por ciento de las víctimas son mujeres, es decir, niñas o adolescentes.

Un dato de lo revelado por la titular de la Unidad, Martha Rivera, llama en particular la atención: el hecho de que las denuncias se han multiplicado a partir de que la FGE decidió abrir unidades especializadas de investigación para la atención de este fenómeno en toda la entidad.

La tendencia en la recepción de denuncias, precisó la funcionaría, cambia en el primer trimestre de operación de tales oficinas, pues “cuando abrimos una unidad especializada, la incidencia es poca pero a los tres meses empieza a subir”.

En principio dicho comportamiento parece indicar que ahí donde las comunidades no cuentan con respuesta institucional para la atención focalizada del fenómeno la denominada “cifra negra”, es decir, la existencia de casos no denunciados, es mayor que donde sí la hay.

Esto nos habla de la existencia de patrones socioculturales de acuerdo con los cuales el convertir a un menor de edad en objeto de deseo sexual no ha sido interiorizado –o al menos no lo suficiente– como una conducta indebida e ilícita.

La percepción de la conducta como indebida es, sin duda, el elemento más importante. Porque son los resortes morales los que deberían, en primerísimo lugar, convertirse en inhibidores de la conducta. Pero para ello es necesario que como sociedad desarrollemos un rechazo claro hacia tal forma de actuar, además de un sentido de condena, sin fisuras ni ambigüedades, en contra de quienes incurren en el ilícito.

Que las autoridades investigadoras desplieguen esfuerzos para que las víctimas puedan denunciar, se investiguen los hechos y estos sean castigados, sin duda es importante. Pero como se ha dicho hasta la saciedad, sería aún mejor que nadie tuviera que pasar por un episodio de este tipo, en particular quienes constituyen el grupo más indefenso de la comunidad.

Por eso, además del reforzamiento de la estrategia punitiva que ha desarrollado la FGE, resulta de la mayor urgencia el surgimiento de estrategias eficaces de prevención. El número de víctimas que a estas alturas acumulamos es absolutamente inadmisible y no debería sumarse una niña, un niño o u adolescente más a esta estadística.

Habrá que insistir en la necesidad de que autoridades y comunidad unamos esfuerzos para frenar un fenómeno que nos retrata como un colectivo que ha perdido el rumbo moral indispensable para considerarse una comunidad sana, en el más amplio sentido del término.