Agua y transparencia: Las dudas detrás de la solicitud de endeudamiento de Aguas de Saltillo

La solicitud de endeudamiento de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo (55 por ciento propiedad del municipio y 45 por ciento propiedad del grupo privado Veolia) por 150 millones de pesos a pagarse en 10 años, despierta una serie de dudas que valdría la pena que sean completamente aclaradas.

Dentro del mapa de riesgos de la ciudad de Saltillo y su área metropolitana, ninguno es tan importante como el riesgo de escasez de agua, por lo que es sencillo reconocer que es bueno que existan inversiones en ese rubro; por lo mismo, también es indispensable asegurarse de que sean pertinentes y adecuadas.

TE PUEDE INTERESAR: Pensar qué lugar queremos para México en el mundo frente a la amenaza de aranceles de EU

Saltillo es una ciudad fundada en el semidesierto, con pocas lluvias y con tendencia a la baja como resultado presumiblemente del cambio climático, donde, además, existen -en su área metropolitana- 24 parques industriales y una población creciente. El reto es significativo.

El documento de la solicitud de Aguas de Saltillo revela una problemática muy seria: los pozos de los que depende la extracción de agua para Saltillo se están abatiendo, lo que significa que pueden proveer cada vez menos agua. La propuesta es explorar nuevos pozos en otras cuencas hidrológicas, lo cual sin duda es necesario, pero no queda claro que sea sostenible en el largo plazo. No existe en su documento referencias significativas a otros enfoques, como aumentar eficiencias, reducir fugas, proyectos de captación, proyectos de tratamiento de aguas industriales o urbanas, ni mucho menos soluciones innovadoras como la implementada por el gobierno de la Ciudad de México, que negoció con concesionarios privados de agua para uso agrícola la cesión de derechos a cambio de apoyos para tecnificación de riego. En ese sentido, su propuesta tiene claramente muchas áreas de mejora y refleja un enfoque anticuado.

Además de esto, no ayuda en nada a dar confianza sobre la necesidad de este crédito otros cuatro grandes temas en la empresa paramunicipal:

1.- El régimen de propiedad mixto. La privatización se dio con el argumento de que se requería mejor tecnología, cultura administrativa e inversiones; y luego de 24 años, resulta poco creíble que esto no se haya logrado, habiéndose extendido el contrato el año antepasado hasta el 2034. Esta asociación público-privada, que prometía modernización e innovación, sigue dependiendo de métodos tradicionales que se practican en la región desde hace más de un siglo, sin proponer alternativas verdaderamente sustentables. Finalmente, como se evidencia, tampoco la propiedad mixta resuelve la necesidad de inversiones, pues se recurre al crédito.

2.- Su poco compromiso con la transparencia. A pesar de que Aguas de Saltillo es un sujeto obligado, es decir, tiene responsabilidades como las de los gobiernos en términos de transparencia, la información pública que hacen disponible en temas como los salarios, prestaciones y bonos de su cuerpo directivo es de menor detalle de lo que deberían, al punto de que los salarios los reportan como un rango, sin especificar si incluye ahí impuestos, prestaciones y bonos o no, lo que no permite a la ciudadanía saber con exactitud cuánto ganan los altos directivos de una empresa ¡propiedad mayoritariamente de los propios saltillenses!

3.- Los costos excesivos de su alta burocracia. Recordemos que, en el año 2022 supimos, por una investigación periodística, que el entonces Director General estaría ganando 233 mil pesos al mes, sueldo considerablemente mayor al del alcalde, gobernador o incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum, y estos excesos continúan y se extienden a otros niveles directivos, lo que lleva a pensar de que es probable que, si se evitan estos abusos, se tendrían ahorros considerables para eliminar o reducir las necesidades de endeudamiento.

4.- El futuro de las tarifas de uso general y de reconexión. Si el crédito pretende cubrirse con los flujos de la propia paramunicipal, existe el riesgo de que esta carga financiera se traslade al usuario final en forma de incrementos en los recibos o costo de otros servicios que ofrece la empresa.

En Morena, por principio, rechazamos la privatización de servicios públicos esenciales. Como economista, además, conozco bien los incentivos perversos que surgen cuando el lucro privado gestiona bienes colectivos: recortes en mantenimiento, externalización de costos ambientales y priorización de dividendos sobre derechos básicos. Sin embargo, en Saltillo, la participación privada en la gestión del agua fue impuesta por el PRI hace 24 años y, pese a nuestra oposición, se renovó hasta 2034. Es una realidad, y así lo reconocemos. Frente a esto, es nuestro deber exigir cuentas claras: si la justificación original de la privatización fue la transferencia de tecnología y eficiencia, ¿dónde están los resultados?

La empresa Veolia presume en su página web de poseer soluciones avanzadas para la gestión del agua, que contrastan mucho con el estancamiento en Saltillo. Mientras en Mumbai implementan biorreactores de membrana (MBR) para tratar aguas residuales en espacios reducidos, en Bélgica hablan de que lograron reutilizar el 70 por ciento del agua en una cervecería con tecnología CaptuRO™, y en California mencionan la recarga de acuíferos con agua regenerada, aquí solo se propone perforar más pozos, un método del siglo XX que agrava el abatimiento de mantos freáticos. ¿Por qué Veolia no despliega en Saltillo alguna de las 350 tecnologías patentadas que presume, como la plataforma Hubgrade para reducir fugas o los sistemas Zeelung MABR que ahorran energía? La opacidad en salarios directivos y la ausencia de proyectos innovadores sugieren que no solo se abrió la entrada a privados al sector, sino que se acepta una operación aquí bajo estándares inferiores, priorizando ganancias sobre soluciones sustentables. Los saltillenses merecemos más.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es ético para los políticos entregar despensas y apoyos directos?

Por último: no debemos dejar de considerar que un crédito de 150 millones de pesos a 10 años, a las tasas de interés de referencia, implica un desembolso total de unos 300 millones de pesos. Esta será una deuda a pagarse con los ingresos de una empresa que pertenece en un 55% a los saltillenses, con lo que parte de sus flujos de ganancia, que podrían servir para atender otras necesidades del municipio, se destinarán a cubrir este compromiso financiero.

Es momento de exigir a Aguas de Saltillo no solo transparencia en su gestión, sino también innovación real en las soluciones propuestas para garantizar el abasto futuro. Los ciudadanos de Saltillo merecemos conocer con detalle el destino de estos recursos y tener la certeza de que se están explorando todas las alternativas tecnológicas disponibles, no solamente las tradicionales, antes de que se autorice cualquier endeudamiento.

Como saltillenses, tenemos la responsabilidad de mantenernos informados y vigilantes sobre este intento de endeudamiento. Les invito a expresar su opinión, a exigir que se hagan consultas públicas y estar vigilantes de que cualquier decisión que comprometa el futuro del agua en nuestra ciudad se tome con criterios de sustentabilidad, transparencia y beneficio colectivo.