De forma sorpresiva y mucho antes de lo esperado, este viernes se colocó sobre la mesa un tema central para el futuro de la Región Sureste de Coahuila: la posibilidad de prorrogar el contrato entre el municipio de Saltillo y Aguas de Barcelona, el socio privado a quien se encomendó la administración del sistema local de agua potable hace ya 22 años.
El planteamiento -y con ello la apertura del debate sobre el tema- fue formalizado el pasado lunes por Ernesto López Denigris, presidente del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, mediante un oficio dirigido al Ayuntamiento local.
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En el oficio mencionado se le solicita a la máxima autoridad municipal, autorice la ampliación de la vigencia del contrato de asociación por siete años y medio más, es decir, hasta el 31 de marzo de 2034.
El planteamiento, de acuerdo con la información revelada este viernes, fue aprobado en dos asambleas extraordinarias de accionistas de Agsal celebradas los pasados días 1 de agosto y 21 de septiembre. Es decir, la decisión de adelantar la discusión del tema se tomó hace ya varias semanas y se venía operando en dicho sentido... pero en privado.
Para decirlo aún más claro: el oficio signado por López Denigris evidencia el acuerdo existente entre el gobierno municipal de Saltillo y nuestros socios privados para empujar juntos en la dirección de prorrogar el contrato existente cuya caducidad actual está fijada para el último día de septiembre de 2026.
Esto es así porque la mayoría accionaria (55 por ciento) la tiene el municipio y solamente con sus votos es posible aprobar un acuerdo de los accionistas para instruir al Presidente de su Consejo de Administración a formalizar la propuesta ante el Cabildo local.
Habiendo precisado lo anterior, ¿cuál debería ser la respuesta de quienes nos representan en el cuerpo edilicio local? Como saltillense y usuario del sistema local de agua potable no tengo dudas respecto de cuál es la única respuesta sensata ante la petición: concederla.
Existen múltiples razones para actuar así. La más importante de ellas es la eficacia con la cual ha funcionado la empresa, un hecho evidente cuando llegan las épocas de mayor calor y en la ciudad no hay protesta por falta de agua en los domicilios, como sí las había hace más de dos décadas.
Otra razón relevante es la posibilidad de contar con una década para -esperemos, ahora sí- planear y ejecutar un proyecto tendiente a consolidar las capacidades locales y crear un andamiaje jurídico y administrativo para gestionar el sistema de agua por nosotros mismos.
En este sentido es necesario señalar, sin ambigüedades, la falta en la cual han incurrido todos los gobiernos municipales -de Óscar Pimentel para acá- así como los estatales -de Enrique Martínez para acá- al descuidar la consolidación de un modelo de transferencia de conocimientos y tecnología del socio privado al sector público.
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Este sería, en mi opinión, el gran reto del gobierno de Manolo Jiménez y del actual y futuros gobiernos municipales de Saltillo: aprovechar la prórroga del contrato para avanzar en la consolidación de un think tank saltillense en materia de gestión del agua.
No se trata simplemente de prorrogar un contrato por comodidad o por carecer de opciones. De hecho, prolongar la asociación debe servir para definir cómo la ciudad puede obtener mayores ventajas de esta en los años por venir.
Pero eso requiere de una discusión abierta, seria e informada sobre el tema. Una discusión a la cual, esperemos, convoque la administración municipal encabezada por José María Fraustro antes de someter a votación la solicitud avalada por quienes nos representan en el Consejo de Administración de Agsal y debieron consultarnos antes de asumir postura.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
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