Apertura hacia la pluralidad política

Cuando se pone sobre la mesa el tema de la creación de nuevos partidos políticos, la reacción más común suele ser el recelo. En el imaginario colectivo se asocia a los partidos políticos con figuras de poder que parecen lejanas, con intereses ajenos a la vida cotidiana de las personas e incluso, en algunos escenarios, con actos de corrupción. Lo anterior puede ser una percepción comprensible si tomamos en cuenta las decepciones o los desencuentros que han existido entre las fuerzas políticas y la ciudadanía mexicana, pero esto nos hace perder de vista algo particular: los partidos políticos son –concebidos dentro de la propia Constitución– la vía idónea para canalizar el interés por participar, por incidir activamente en la toma de las decisiones de los asuntos públicos que afectan a nuestro país. De esta manera, el recelo hacia estas figuras no tendría por qué socavar su importancia, sino reflejar la necesidad por reivindicarla.

Esta relevancia trae consigo una responsabilidad importante. Los partidos políticos son entidades de interés público, lo que significa que gozan de atribuciones y derechos que provienen del erario, privilegio que trae consigo una exigencia igualmente trascendental, la de responder con probidad y resultados a la altura de la confianza que en estas entidades se deposita, particularmente en un contexto en donde la desconfianza hacia las instituciones políticas sigue siendo uno de los principales retos de nuestra democracia.

Con esto en mente, vale la pena que nos detengamos en un hecho que suele pasar desapercibido: que más partidos consigan su registro no debería verse como una complicación presupuestaria o la fragmentación de fuerzas políticas. Al contrario, lo anterior abona a la pluralidad, toda vez que cada nueva opción, cada nueva corriente que se suma a la conversación pública, enriquece el debate, obliga a mejorar los argumentos y amplía el catálogo de opciones para quienes buscan una representación que se ajuste más a sus motivaciones.

El más reciente de los ejemplos lo encontramos en junio pasado, cuando el Consejo General del INE aprobó el registro de PAZ y de Somos México como nuevos partidos nacionales. Con ellos, en 2027 habrá ocho fuerzas políticas nacionales en las boletas.

Conviene también preguntarnos en este punto si esta pluralidad es necesaria e incluso deseable. Un sistema con variedad de fuerzas políticas reales obliga a negociar y a construir consensos en lugar de transitar a través de la imposición, lo que se traduce en decisiones públicas más discutidas y menos arbitrarias. La existencia de más opciones multiplica la vigilancia entre los propios actores políticos, en el entendido de que un partido difícilmente deja pasar sin señalamientos los excesos de otro. Finalmente, cuando el electorado tiene alternativas genuinas, el costo político de gobernar se vuelve tangible, porque en ese escenario sí existe a dónde llevar el descontento en la siguiente elección.

El escenario contrario, aquel en donde sólo existen opciones simbólicas o una fuerza hegemónica, tiene consecuencias medibles en nuestro país. Décadas de dominio de un sólo partido coincidieron con una escasa rendición de cuentas, instituciones capturadas y un espacio público donde el disenso costaba caro, y cuya principal consecuencia fue la inexistencia de contrapesos que permitieran corregir el rumbo en algunos de los pasajes más críticos de la historia reciente de nuestro país.

Por esa razón, cuando se resuelve la conformación de nuevos partidos políticos, se resuelve también la apertura o el cierre a la pluralidad, decidiendo qué tan amplio será el espacio donde la ciudadanía pueda depositar su confianza.

La pluralidad política, en suma, no puede defenderse sólo en el discurso, sino también propiciando, pero sobre todo garantizando, condiciones reales de competencia, recordando que cada fuerza política es, en esencia, una voz ciudadana que encontró el cauce institucional para hacerse escuchar.

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