Asesinan de granadazo a alto funcionario federal; ¿se podrá frenar la violencia?
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Los grupos criminales no temen confrontar directamente al Estado mexicano, y el Estado, a su vez, sigue sin una estrategia clara, incluso para proteger a sus propios funcionarios
La violencia volvió a estremecer a México con un ataque de alto impacto: el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, tras la explosión de su camioneta en pleno centro de Reynosa. Las primeras versiones indican que el vehículo fue atacado con granadas y armamento de alto poder, una modalidad más propia de escenarios de guerra que del ejercicio de la función pública.
Vázquez era un funcionario de alto perfil en una de las entidades más golpeadas por la violencia del crimen organizado. Su ejecución no sólo confirma el control territorial que mantienen los grupos armados en regiones clave, sino también el riesgo real y creciente para los operadores de justicia federal.
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En una escena que parecía haber sido parcialmente contenida en años recientes, la violencia criminal vuelve a intensificarse. Tamaulipas –y particularmente Reynosa– se mantiene como epicentro de disputas entre facciones criminales que actúan con impunidad, utilizando armamento militar y tácticas de emboscada.
Pero el impacto del atentado no se queda en lo local. Este crimen ocurre en un momento de especial tensión entre México y Estados Unidos, en medio de presiones de Donald Trump, quien ha renovado su discurso de mano dura contra los cárteles mexicanos. Incluso ha declarado terroristas a estos grupos, para así permitir acciones militares unilaterales en territorio mexicano, una postura que representa no sólo una amenaza diplomática, sino una presión directa sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El asesinato de un delegado federal bajo estas circunstancias envía un mensaje devastador: los grupos criminales no temen confrontar directamente al Estado mexicano, y el Estado, a su vez, parece carecer de una estrategia integral que impida estos atentados, proteja a sus funcionarios y recupere la soberanía de regiones capturadas por la violencia.
El discurso oficial de condena y promesas de investigación ya no es suficiente. Se necesita mucho más que foros de paz o mesas interinstitucionales. Hace falta afianzar una política de seguridad que reconozca la gravedad estructural del fenómeno criminal, combata la corrupción en todos los niveles, fortalezca la inteligencia operativa y recupere la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿se podrá frenar esta violencia? La respuesta puede tener visos de optimismo ante el trabajo que, en las últimas semanas, ha realizado Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad.
El episodio de ayer en Reynosa es un nuevo reto para el gobierno mexicano, en medio de las presiones de Estados Unidos, cuyo discurso se ve afianzado con el actuar de la delincuencia.
