Burbuja militar: ausencia de rendición de cuentas

En la normalidad democrática todos rendimos cuentas. La gran excepción son las fuerzas armadas que continúan viviendo en una burbuja de privilegio.

En la mañanera del 18 de mayo, Arturo Cerda de El Financiero y Dalila Escobar de Proceso, le preguntaron al general secretario sobre los viajes suntuosos y el departamento de lujo revelados mediante investigaciones de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El general negó irregularidades en los viajes, aunque aceptó la compra del departamento. El pasado lunes, Natalie Kitroeff (jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe) y Ronen Bergman (reportero) aseguraron en el New York Times que el ejército espía el teléfono de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien ha mantenido un silencio revelador.

El sigilo de Encinas confirma la mayor incongruencia de la 4T: capitularon en la exigencia histórica de rendición de cuentas. En la mañanera antes citada, el Presidente refrendó su confianza en el general quien, aseguró, “ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta”. Ni las OSC ni los periodistas tienen “en la mira” al general. Se le hacen preguntas legítimas porque es la dependencia que más recursos ha recibido durante las guerras del narco iniciadas por Felipe Calderón. Durante el sexenio calderonista, las fuerzas armadas recibieron 398 mil millones de pesos y entre el 2019 y 2023 ya van 960 mmdp (más del doble).

El empeño por impedir el escrutinio conduce a una paradoja. Los medios y las OSC difunden hechos incómodos y hacen preguntas difíciles, mientras que en el Congreso, Morena y sus aliados frenan su comparecencia. En este momento se está librando una batalla feroz por la comparecencia de la cúpula de seguridad que se llevará a cabo el 30 de mayo: estarán los titulares de Sedena, Marina, SSPC y GN. Antecedentes: el 15 de marzo de 2023 se instaló la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. La integran 16 diputados y senadores de los siete grupos parlamentarios y la preside Ricardo Monreal. Algunos integrantes de esta comisión quieren romper con el sometimiento habitual del Congreso ante los uniformados.

El senador Monreal está haciendo esfuerzos para evitar que la cúpula de seguridad comparezca ante el pleno; propone que el encuentro sea privado y que solo se revisen las grandes líneas de la política pública en la materia. Quedarían fuera los viajes suntuosos, el departamento de lujo y el espionaje. Difícilmente guardarán silencio Damián Zepeda del PAN, Clemente Castañeda de MC o Emilio Álvarez Icaza del Grupo Plural. Una actitud digna de encomio porque el Congreso debe ser contrapeso de los otros poderes.

Es necesario dar un marco más amplio a esa comparecencia. En un estudio que coordino desde El Colegio de México, estamos comparando las políticas de seguridad de siete presidentes entre 1982 y 2023 y la evolución de 65 dependencias de seguridad durante ese mismo período. Adelanto tres conclusiones: a) cada presidente decide la estrategia de seguridad con base en sus intuiciones y en las opiniones de unos cuantos; b) falta la coordinación entre las 65 dependencias revisadas y la Sedena es, por mucho, la institución que más se ha empoderado; y c) el Congreso nunca se ha tomado en serio la supervisión de los militares.

Intentos ha habido. En 1988 el diputado Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente Miguel de la Madrid y, a partir de entonces, el presidente cosecha críticas, además de que han surgido otras instituciones que acotan el poder presidencial. Esa transición se frenó en los portones de los cuarteles. El Congreso se rehúsa a asumir el protagonismo que recibieron en el diseño constitucional y no hacen las investigaciones pertinentes ni organizan las audiencias públicas y privadas que requiere un tema tan sensible.

En asuntos de seguridad nacional se entiende la necesidad de guardar la secrecía sobre algunos temas, sin embargo, nada justifica la ausencia de controles efectivos sobre el uso de los recursos o de posibles abusos como el espionaje militar. La sociedad organizada y los medios ya cumplen con su papel de investigar e informar. Eso no basta. El Congreso tiene que emanciparse y tomarse en serio su papel constitucional.

@sergioaguayo

Colaboraron Jorge Araujo Justo, Dulce Alicia Torres Hernández y Erika Giselle Delgadillo