Distraídos por lo que sucede en Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Michoacán, nos hemos olvidado de lo que está sucediendo en Chiapas, donde como en ningún otro estado, salvo en donde desgobierna Evelyn Salgado, una alianza del crimen organizado con autoridades estatales y partidos políticos está realizando desplazamientos forzados para quedarse con tierras que desde hace tres décadas trabajaban las comunidades zapatistas y empujando a una lucha armada. “No es exageración”, escribió el viernes pasado Luis Hernández Navarro, director de las páginas de opinión de “La Jornada” y profundo conocedor de la problemática en ese estado, “en Chiapas la guerra civil llama a la puerta”.
Su afirmación, respaldada al día siguiente por un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación firmado por su jefe, el Subcomandante Moisés, no parece ser exagerada ni alejada de la realidad. Obedece a una agresión que comenzó hace varias semanas en el poblado zapatista “6 de Octubre”, que pertenece al Caracol de Jerusalén, que hasta finales del año pasado fue la forma como se organizaban administrativamente las comunidades autónomas zapatistas, y que fueron desaparecidos, explicó en su momento Moisés, por la ocupación de los “sicarios” del crimen organizado, que realizan bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras, con el padrinazgo del gobierno de Rutilio Escandón.
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No era algo nuevo. La violencia había estallado hacía más de un año en las comunidades lacandonas, vecinas a la frontera con Guatemala, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió con el envío de guardias nacionales, que fueron meros espectadores. En Chiapas, el silencio institucional fue criminal. En ese territorio, la disputa es entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y una facción de ambos que se denomina Chiapas y Guatemala, y los militares, según denuncias de las comunidades, habían tomado partido por alguno de los cárteles.
La agresión en contra del poblado zapatista “6 de Octubre”, sin embargo, como calificó Hernández Navarro, “es un parteaguas en esta escalada de violencia” −les está quitando sus tierras, sus pocas propiedades, y empujándolos a la nada−. En su comunicado, afirma que pobladores de Nueva Palestina reclamaron la propiedad de las tierras del poblado “6 de Octubre” −fundado hace 25 años en tierras ocupadas por el movimiento zapatista−, con el respaldo de las autoridades municipales de Ocosingo, controlado por el Partido Verde, y del gobierno de Escandón −que pertenece al grupo original que apoyó a López Obrador en Tabasco desde principio de los noventa−. Hernández Navarro identificó al síndico verde Martín Martínez como uno de los operadores del asalto.
Moisés dijo que la amenazas fueron “subiendo de tono” hasta incluir la presencia de personas de Nueva Palestina con armas largas de alto poder, que amenazaron con violar mujeres, quemar casas, y robo de pertenencias, cosechas y animales. Hernández Navarro especificó: “Desde junio de este año, desconocidos portando armas de distintos calibres y con uniformes de color negro recorrieron el poblado, amenazaron a sus habitantes y tomaron fotos. Días después, a dos bases de apoyo zapatistas que salieron a jornalear les advirtieron que tenían que irse de la comunidad o los iban a sacar por ‘la mala’. Un dron ha sobrevolado el pueblo. El 23 de septiembre, los atacantes levantaron chozas en el pueblo y se dedican a intimidad a los simpatizantes rebeldes.
“Algunos lacandones (incluyendo autoridades) se han asociado al crimen organizado. En su territorio descienden avionetas cargadas con cocaína. En Frontera Corozal y en Nueva Palestina algunos comuneros, una minoría muy adinerada, son ‘polleros’ y venden alcohol (actividad vinculada a la explotación sexual de centroamericanas migrantes). Están armados. Han acaparado tierras mediante préstamos leoninos y controlan indirectamente programas sociales como Sembrando Vida, rentando hectáreas de ‘su’ tierra a campesinos que carecen de ella, para que participen del programa y las trabajen”.
Las denuncias del Moisés y Hernández Navarro, son puntuales. La del periodista debe ser reproducida para llamar la atención del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque las alertas de esa tragedia en la prensa nacional desde hace casi dos años fueron ignoradas por López Obrador, que abandonó las comunidades, se mostró negligente ante el avance del crimen organizado, y apoyó a Escandón, que sumió a Chiapas en el peor momento de su historia moderna.
“Secuestros, asesinatos, amenazas de muerte y bloqueos se extienden por todo el territorio”, escribió Hernández Navarro. “Apenas el pasado 30 de septiembre, un comando armado incendió la presidencia municipal de Benemérito de las Américas. En las regiones Sierra y Frontera los combates entre cárteles se suceden sin interrupción, mientras miles de pobladores se encuentran desplazados. El 9 de octubre, en Ixhuatán se produjo un fuerte enfrentamiento armado, con un saldo de al menos dos muertos. Pobladores tomaron el chalán Rizo de Oro exigiendo la presentación con vida de cuatro pescadores desaparecidos. Migrantes fueron baleados por el Ejército en Villa de Comaltitlán”.
El senador verde Luis Armando Melgar urgió el sábado la inmediata intervención del gobierno de Escandón y el establecimiento de una mesa de diálogo que neutralice la amenaza contra la comunidad “6 de Octubre”. Eso no sucederá con el gobernador siendo cómplice de los criminales. La presidenta Sheinbaum tiene que intervenir. La protección que le dio López Obrador a Escandón no puede ser parte de la continuidad del régimen que propone Sheinbaum. La connivencia de las autoridades locales y federales en Chiapas tampoco puede sostenerse.
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Hace tres años se publicó en este espacio que la degradación de la vida social y el empeoramiento de la seguridad se estaba agravando aceleradamente. No se hizo nada, pese a que Chiapas está ubicado en una posición estratégica para México y en su frontera, la segunda más grande que tenemos, se dijo en su momento, se juega la gobernabilidad. Hoy, Chiapas vive en la ingobernabilidad y la vida la determinan tres cárteles trasnacionales. Chiapas era un cinturón de contención de esas organizaciones, y hoy es propiedad de ellas. Eso puede cambiar, si toma la decisión Sheinbaum o cierra los ojos como su mentor y deja que el crimen organizado continúe su avance por el país hasta llegar, en algún momento, al Zócalo.
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