Claudia Sheinbaum es una amenaza para Coahuila

En su visita de julio pasado a Coahuila, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, llamada coordinadora de la defensa de la 4T, afirmó: “Muchas veces se ha dicho que el (estado) que más recaude será al que más le toque, en eso no estoy de acuerdo, porque entonces Oaxaca y Chiapas, que son estados con menos recursos, pues no tendrían recursos, para eso somos una Federación, para que seamos solidarios entre todos, y por eso hay una fórmula de distribución que tiene que ver con población y marginación”.

Antes, en marzo, en visita a Coahuila, afirmó que “una mayor aportación al Producto Interno Bruto nacional (PIB) no es un argumento para que los estados que más aportan (como Coahuila) reciban mayor presupuesto federal” (VANGUARDIA, 30 de marzo, 2023).

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Lo anterior refleja nula empatía con las necesidades de nuestro estado. Más grave, refleja ignorancia: Desconoce el origen de la actual Ley de Coordinación fiscal y la fórmula que menciona; ignora que la Constitución de la República estableció, desde 1917, en materia de federalismo fiscal, un sistema de concurrencia indefinida, al otorgar al Congreso de la Unión facultades para fijar las contribuciones necesarias para financiar el gasto público, pero sin haber definido las figuras impositivas exclusivas de cada ámbito de gobierno, salvo algunas excepciones.

Sin embargo, al irse creando por la Federación las figuras impositivas modernas (el ISR en 1925, el IIM en 1948, el IVA en 1979) mediante convenciones fiscales, convenios y la Ley de Coordinación Fiscal, se fue vaciando de realidad a las atribuciones constitucionales de los estados en materia fiscal. Dichos instrumentos de coordinación fiscal permitieron a los estados participar en la recaudación del IVA y de otros impuestos federales, a cambio de comprometerse a no aplicar impuestos similares.

El compromiso original de los estados de no imponer impuestos similares a los federales, algo necesario para que se creara el IVA federal, se hizo a cambio de que a los estados se les compensara en la medida de su contribución, y así se estableció originalmente en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta situación se modificó posteriormente para incorporar los criterios de población y marginación, modificaciones que se han hecho sin convenir con los estados, que son los actores originales (1979) del convenio de coordinación fiscal.

Este convenio trajo como consecuencia que ahora México cuente con un sistema tributario basado en pocos impuestos generales, que si bien con ello se minimizan las posibles distorsiones sobre los procesos económicos asociados a cualquier impuesto, también ha generado una dependencia perniciosa de los estados respecto de la hacienda federal, que ha significado que la históricamente baja recaudación fiscal federal se traslade a los estados y municipios y, en consecuencia, que estos últimos niveles de gobierno carezcan de recursos suficientes para cumplir las responsabilidades que le asigna la ley.

Lo anterior ha inducido a los estados a incurrir en una conducta “pedigüeña” y comportamientos fiscales irresponsables de sus autoridades fiscales, pues éstas no se ven en la necesidad de acudir a sus electorados para definir sus niveles y estructura de gasto, ya que, para ello, en la práctica y como consecuencia del convenio de coordinación fiscal, sólo pueden recurrir al gobierno federal, pues no pueden ejercer sus atribuciones tributarias. A lo anterior se suman fórmulas para la distribución de las participaciones que son confusas y cambiantes, lo que ha dado lugar a constantes tensiones entre los tres niveles de gobierno.

Los estados económicamente más dinámicos exigen más recursos. Y tienen razón en hacerlo, pues el mayor dinamismo impone a sus gobiernos exigencias de sus ciudadanos de más y mejores servicios públicos, necesarios para mantener su ritmo de crecimiento económico y de creación de empleos, lo que sirve, a su vez, para generar más recursos fiscales para sí y para la Federación. Estas exigencias merecen ser atendidas. No obstante, en el actual esquema de coordinación fiscal, lograr más recursos es imposible, pues “lo que gana” un estado, “lo pierde” otro.

Dado que pronto elegiremos nuevos integrantes de los poderes federales, es muy oportuno plantear el dilema de si debemos mantener el actual sistema de coordinación fiscal o debemos buscar uno nuevo que reconozca tanto las necesidades de los estados más dinámicos, como las de aquellos con mayores índices de pobreza.

Las declaraciones de Sheinbaum van en el sentido de no cambiar el actual modelo de coordinación fiscal. Y fastídiese Coahuila. Pero es al revés. México como país, tanto como los estados más dinámicos -entre los que se encuentra Coahuila-, y los estados más pobres, requieren un nuevo esquema fiscal; el actual ya es disfuncional porque, por una parte, impide a los estados ejercer sus atribuciones en materia fiscal y, por otra, no ha resuelto las disparidades económicas y sociales entre las distintas regiones del país.

México cuenta con una sociedad más diversa, participativa, crítica y demandante, que exige políticas públicas eficaces, lo que incluye una coordinación fiscal capaz de favorecer el desarrollo económico y social de todas las entidades federativas. No hacerlo significa que pierden los estados más dinámicos, al no poder desplegar todo su potencial productivo, pierde México, y por consiguiente incluso también pierden los estados más pobres.

¿Es posible un cambio en el actual esquema de coordinación fiscal? Sí. Además, la hacienda pública federal requiere profundos cambios y es muy urgente hacerlos, porque enfrenta retos formidables, entre otros, la insuficiente recaudación, la inequidad con que se distribuye la carga fiscal, el riesgo de insolvencia, que se anticipa ya, para cumplir las obligaciones que se le han impuesto en materia de pensiones; solo en los últimos cinco años éstas han crecido tres veces más rápido que los ingresos; esta situación en algún momento será ya insostenible.

Sheinbaum no ofrece esperanza a Coahuila. Nos ofrece un trato discriminatorio, como el que ha ejercido AMLO. Ella misma lo dice: “Aprovechen las oportunidades del nearshoring, háganlo con sus medios, que los de la Federación se usarán para sus prioridades”. Entre estas ciertamente no figura nuestro estado.

Nuestra defensa es el voto en 2024. Cero votos a Morena.