Claudia Sheinbaum gana en una elección singular que trae de regreso la ilegitimidad
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Son muchas las razones −más negativas que positivas− que hacen de los comicios en curso una elección singular. A destacar es que las dos principales fuerzas en contienda postularan a mujeres como candidatas. El otro signo positivo fue la movilización ciudadana en defensa de las instituciones del régimen democrático y, en su momento, su definición electoral. Las elecciones han servido para sacudir una ciudadanía adormilada e indiferente sobre la responsabilidad de defender a la democracia.
El resultado a favor de Claudia Sheinbaum no se legitima. Apostaron al abuso, quizás de cualquier manera hubieran prevalecido, pero ahora los números que le favorecen con claridad carecen de legitimidad y quizás hasta de legalidad.
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El debate no estuvo a la altura de la importante decisión de por medio. La discusión se centró más en si la elección era día de campo para el oficialismo que en las razones para ratificar o modificar el rumbo impuesto por el obradorismo. Un factor negativo fue la postura deliberadamente engañosa de buena parte de la industria de la opinión pública sobre las intenciones de voto.
No hubo ocasión para debatir cinco temas fundamentales, presentes en la iniciativa constitucional de López Obrador y eje de la oferta oficialista: primero, la elección por voto popular de juzgadores; segundo, la exclusión de la pluralidad de la representación política; tercero, la politización de la Corte, del Consejo del INE y del Tribunal Electoral con la elección de sus integrantes; cuarto, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y, quinto, la militarización plena de la seguridad pública.
Lo más pernicioso corre a cuenta del Presidente y su reiterado rechazo a la legalidad. El INE y el Tribunal no pudieron contener la flagrante violación a los tiempos electorales a partir de la simulación en la selección de candidatos presidenciales; tampoco frenar la reiterada violación del ejecutivo y sus gobiernos afines del Artículo 134 constitucional que obliga a la imparcialidad de autoridades. Repudiable el uso de un tercer candidato presidencial para dividir el voto opositor a efecto de abrir paso al oficialismo. El recurso les resultó, la nueva política fue un vil engaño de un viejo político.
El fraude electoral se anticipó a la jornada. Ocurrió a la vista de todos y con la complacencia de quienes debieran aplicar la ley. Fueron ostensibles la interferencia del Presidente, ilegal gasto electoral con fondeo criminal y el uso clientelar de los programas sociales. Con el relevo de Lorenzo Córdova de la presidencia del consejo del INE el país perdió al funcionario valiente y decidido a hacer valer la legalidad democrática; en su lugar llegó la postura pusilánime propia de la hipocresía de quien no entiende que la imparcialidad y la legalidad comprometen y obligan. Deseable que tal actitud no se presente en el Tribunal Electoral.
Comentario aparte es la violencia criminal, que es un error medirla sólo por las visibles ostensibles cifras de homicidios y eventos documentados. Hay más, los casos de intimidación como es el de candidatos que no se postularon, de ciudadanos sin participar por miedo, de autoridades que por impotencia o connivencia no actuaron, de medios callados por razones de sobrevivencia. Los delincuentes materializaron su perniciosa influencia como nunca antes, durante y seguramente después del proceso electoral.
Es audaz y quizás un tanto ingenuo la apuesta a la jornada electoral y presumir que el voto ciudadano tenía el potencial para conjurar todos los males. No es así, porque hay daños irreversibles; un ejemplo, que los negativos de la candidata opositora, impulsados, promovidos e inventados por el propio López Obrador, la acompañaran desde su precampaña hasta el día de la elección; el Presidente, con todos los recursos a su alcance, se comportó como peleador callejero a lo largo de la contienda.
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El voto tampoco resuelve. La ilegalidad impide que las elecciones legitimen el triunfo de Sheinbaum y el tránsito a la reconciliación. La consecuencia inevitable es que la elección no es punto de llegada para concluir la disputa por el poder, sino aduana en una lucha que ha servido al país y dividido con profundidad a los mexicanos a partir del rencor social, la siembra de odio y la naturalización de la exclusión y la intolerancia. Los ganadores carecen de grandeza, lo han acreditado y no será difícil que se impongan.
Una elección singular que trajo de regreso la ilegitimidad de los resultados electorales.