Coahuila: Candidaturas opacas, ¿serán buenos representantes?

Ha transcurrido prácticamente la mitad de la campaña electoral en el proceso para la renovación de las 25 bancas del Poder Legislativo de Coahuila, pero aún hoy, los ciudadanos no podemos conocer la información completa de la totalidad de las personas que pretenden que les otorguemos nuestro voto en las urnas el primer domingo de junio próximo.

En efecto, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, casi la mitad de las candidaturas registradas en los distritos con cabecera en Saltillo y Ramos Arizpe –16 de 35– han decidido no atender el llamado que la autoridad electoral les ha realizado para publicar su información patrimonial, fiscal y de interés en la plataforma “Conóceles”.

Como se recordará, hace ya un buen número de años que la autoridad electoral en México ha dispuesto una página web para que, quienes desean convertirse en representantes populares, proporcionen información que permita conocer su patrimonio y los intereses a los cuales se encuentran vinculados.

Se trata, por cierto, de información que los candidatos deben entregar a la autoridad electoral al momento de registrarse. Solamente que el órgano electoral carece de facultades para hacerla pública y, aunque se trata de un requisito de registro, debe mantenerla en reserva.

Justamente por ello, desde hace ya varios procesos electorales, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha invitado a las y los candidatos a que revelen dicha información de manera voluntaria. Y para que lo hagan, les proporciona un sitio web en el cual lo único que deben hacer es cargar la información que ya tienen sistematizada.

No es la primera ocasión, sin embargo, que un número importante de candidatos, de diferentes fuerzas políticas, rehúsa adherirse a la iniciativa pretextando razones diversas, ninguna de las cuales resulta realmente atendible o digna de análisis.

Porque si una persona teme que la revelación de su información personal puede convertirle en blanco potencial de delitos o que hacerlo pone en riesgo su integridad personal y/o patrimonial, pues entonces no debería tratar de convertirse en representante popular.

¿Por qué, pese a todo, siguen existiendo personas que se inscriben en un proceso electoral, solicitan nuestro voto y deciden que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer su patrimonio?

La respuesta es simple: porque no hay consecuencia alguna; porque los ciudadanos no castigamos el que los aspirantes a representarnos desprecien la necesidad de ser transparentes o consideren que la máxima publicidad de su información personal sea un hecho relevante que los electores debemos tener en cuenta a la hora de emitir nuestro voto.

Nunca es tarde para rectificar, desde luego. Y por ello, los electores tenemos ante nosotros la oportunidad de dejar en claro que la máxima transparencia sí es relevante para nosotros y que no estamos dispuestos a pasar por alto omisiones de este tipo por parte de quienes persiguen nuestro voto.